El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó el informe sobre libertad religiosa internacional 2021, en el que se expone la situación religiosa de Nicaragua y la persecución a la Iglesia Católica por parte de la dictadura sandinista.

El informe establece que la constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; establece la libertad de creencias, religión y culto; y establece que nadie “será obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias”.

“Según informes de prensa, la Policía Nacional de Nicaragua y grupos progubernamentales hostigaron en varias ocasiones a fieles católicos e impidieron misas celebradas en conmemoración de las personas asesinadas durante las protestas a favor de la democracia de 2018”, señala el informe.

El Departamento de Estado destaca que agentes de la dictadura interrumpieron los servicios religiosos organizando ferias de vendedores y tocando música a todo volumen fuera de las iglesias durante los servicios dominicales.

“A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de “terroristas en sotana” y “golpistas”, y acusándolos de delinquir”, expresa.

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E informe destaca que a partir del 26 de octubre de 2021, la Policía Sandinista rodeó la casa del cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua y fotografiaba a quienes ingresaban a la vivienda.

Los líderes católicos que brindaron refugio y asistencia médica a manifestantes pacíficos en 2018 continuaron sufriendo represalias de la dictadura, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales, cargos que dijeron que eran infundados, retención de exenciones de impuestos y negación de servicios religiosos para presos políticos, según el clero católico.

Hacen mención al caso de la Embajada de Taiwán

El informe destaca que luego que la dictadura rompió las relaciones con Taiwán, el 9 de diciembre de 2021 y reconociera a la República Popular China, Taiwán donó el edificio de su antigua embajada a la Arquidiócesis de Managua.

“Sin embargo, el 26 de diciembre, la administración de Ortega bloqueó la donación de Taiwán y entregó la propiedad a la República Popular China, afirmando que apoyaba la política de una sola China. El gobierno también incautó el pasaporte de un sacerdote nicaragüense, revocó las visas de al menos dos sacerdotes extranjeros luego de que criticaran al gobierno y redujo drásticamente los fondos públicos para una universidad dirigida por un obispo católico crítico con el gobierno”, expresó.

Insultos contra la Iglesia Católica

EE.UU señala que las actividades contra la iglesia reportadas incluyeron insultos verbales, amenazas de muerte, robo de artículos religiosos católicos y entrada ilegal a las iglesias católicas.

“En mayo, la Diócesis de Estelí informó que vándalos no identificados habían decapitado la estatua de Monseñor José del Carmen Suazo, un conocido sacerdote fallecido en 2015, en la carretera que conecta el Santuario de Nuestra Señora de Cacauli y Somoto”, señala.

Niegan ingreso a religiosos

El reporte señala que la dictadura negó la entrada a dos frailes franciscanos, Santos Fabián Mejía Sagastume y Javier Lemus, quienes habían residido en el país como misioneros durante muchos años y eran ciudadanos de El Salvador.

La dictadura le negó la entrada a Mejía Sagastume el 31 de enero. Le notificaron que “no era elegible para entrar” y le suspendieron la residencia. El 16 de febrero, las autoridades migratorias también negaron la entrada al país a Lemus.

EE.UU destaca caso Muratori

El 30 de abril la dictadura notificó a fray Damián de Cosme Muratori, originario de Italia y quien había vivido y servido en Nicaragua durante 45 años, que su permiso de residencia no sería renovado y que solo se le autorizaba una permanencia de 90 días en el país.

Muratori dijo a los medios que había renovado su permiso de residencia anualmente sin problemas desde 1976.

Muratori recibió dos extensiones de 90 días para permanecer en el país. En ambos casos, su estatus de residente permaneció incierto hasta el día antes de que expiraran sus extensiones, momento en el cual la dictadura le informaría sobre la decisión de renovar su residencia, otorgarle una estadía extendida de 90 días o deportarlo del país.  El reporte añade que Muratori permaneció en Nicaragua hasta fin de año.

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Restricciones migratorias a sacerdotes

Además, denunció que las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de Managua incautaron el pasaporte de Monseñor Silvio Fonseca y no le permitieron salir del país.

“Según los informes, las autoridades de inmigración le dijeron a Fonseca que su pasaporte no se escaneó correctamente, pero Fonseca dijo que había usado el mismo pasaporte sin ningún problema cuando viajó a los Estados Unidos cuatro meses antes”, añade el informe.

El Departamento de Estado explicó que para la elaboración del informe, las embajadas de Estados Unidos, preparan los borradores iniciales de los capítulos de los países basándose en información de funcionarios gubernamentales, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales, periodistas, observadores de derechos humanos, académicos, medios de comunicación, entre otros.

“La Oficina de Libertad Religiosa Internacional, con sede en Washington, colabora en la recopilación y el análisis de información adicional, basándose en sus consultas con funcionarios de gobiernos extranjeros, grupos religiosos nacionales y extranjeros, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, organizaciones multilaterales y otras organizaciones internacionales y regionales, periodistas, expertos académicos, líderes comunitarios y otras instituciones gubernamentales estadounidenses relevantes”, señala.

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Informe llega en contexto hostil

Sin embargo, la Iglesia Católica guarda silencio sobre el secuestro del sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús Nazareno de Nandaime, Granada, quien fue detenido el pasado miércoles 1 de junio por la noche.

El cura ha sido víctima de una campaña de difamación por parte de los medios afines a la dictadura, quienes publicaron un vídeo donde el sacerdote sacó un machete y vocifera contra agentes policiales. Además, el régimen lo acusa de agredir físicamente a una mujer.

Según el Diario La Prensa, una fuente cercana expresó que el sacerdote, de 57 años, decidió movilizarse a su casa de habitación en Carazo, donde fue secuestrado.

“Agentes de la policía y antimotines rodearon la casa y se lo llevaron con mucha violencia, lo golpearon como si fuera el último criminal. La familia no sabe hasta el momento dónde está”, relató la fuente a La Prensa.

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