El subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, acusó a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de usar “como arma” contra su país y “la región”, el tráfico de migrantes, acción ilícita en la que se ha aliado con las dictaduras de Cuba y Venezuela.
“El régimen de Ortega y Murillo, se ha aprovechado de la migración (para usarla) como un arma en contra de los países de la región, no solo en contra de los Estados Unidos, porque hay millones de migrantes irregulares en todo el hemisferio y muchos de ellos debido a las acciones del régimen de Nicaragua”, dijo Nichols en una conferencia el martes en Miami.
Sostuvo que el enfoque de la administración Biden es el de prevenir la migración irregular y de sancionar a funcionarios de países o empresas privadas u organizaciones que se aprovechan de los viajeros para hacer negocios con ellos.
“Cuando hay una matriz (de apoyo) a esa actividad, vamos a usar todas las herramientas que tenemos (contra ella)”, advirtió Nichols, quien indicó que es la dictadura de los Ortega Murillo, es la que lidera el incentivo de la migración irregular “porque su actuar es distinto” al de Cuba y Venezuela, de donde sale una buena parte de los que buscan como destino Estados Unidos.
En febrero de éste año el Departamento de Estado anunció la implementación de una nueva política de restricción de visas dirigida específicamente a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que facilitan la migración irregular a Estados Unidos.
Hasta el 29 de noviembre de 2023, unos 500,761 migrantes habían ingresado a Honduras de forma irregular desde Nicaragua. La cifra es superior a lo registrado en el mismo período del año 2022, cuando ingresaron unos 165,108 migrantes al país centroamericano, según datos de Tegucigalpa. Los migrantes son de Haití, Cuba, Venezuela y países africanos.
Asegura que hay voluntad de seguir presionando a la dictadura
El subsecretario Nichols, dijo que desde la administración Biden existe toda la voluntad política de utilizar las herramientas que tienen a través de la Ley de Restauración de la Soberanía y Derechos Humanos de Nicaragua, aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores y que se presentará ante el pleno del Senado próximamente, la Nica Act o la Ley Renacer.
“Hemos usado las sanciones a personas, instituciones y sectores vinculados a la dictadura de Ortega y Murillo; y no ha faltado el uso de todas esas herramientas, si hay voluntad”, dijo Nichols.
Explicó que lo (pasa es que) “nos estamos enfrentando a un régimen que ha abusado de su población de una manera casi sin precedentes, (porque) ha encarcelado religiosos, miembros de la sociedad civil, de la oposición democrática, empresarios, estudiantes y un sinfín de víctimas de la represión”.
Sostuvo que “estamos dispuestos a usar cualquier herramienta o medida que pudiera avanzar respecto a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense”.
¿Hay diálogo con la dictadura?
Nichols respondió que de momento no, porque “no son serios”. Relató cuando se dio el destierro de los 222 en febrero del año pasado, el secretario de Estado Antony Blinken, llamo al canciller de la dictadura, Denis Moncada procurando a partir de ese momento, entablar una conversación fluida para buscar avances en la restauración de los derechos humanos y las libertades en Nicaragua, pero que dos horas después de aquella conversación despojaron de la ciudadanía a los que viajaron en el avión hacia Washington, cerrando la posibilidad de mantener un diálogo serio y responsable.
“Fue cuando vimos que no había una voluntad de una plática o una negociación seria de parte del gobierno ahí”, concluyó Nichols. Murillo estalla contra informe de DDHH del Departamento de Estado