Voz de América. La fiscalía de Venezuela anunció este 2 de mayo nuevas órdenes de arresto y extradición contra dirigentes políticos opositores a los que señaló de estar vinculados con una trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo la semana pasada que los opositores Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz y Carlos Vecchio, mantuvieron conversaciones con Samark López, considerado testaferro del ex ministro de Petróleo, Tarek El Aissami.
Ambos están detenidos por un escándalo de corrupción, con el supuesto propósito de conspiración política.
Falacias tras falacias del falso caso PDVSA
Saab, que este jueves divulgó conversaciones en las que se escucha a los dirigentes hablar con Samark López, en condición de emisario de El Aissami, explicó que en PDVSA se asignaban buques petroleros a discreción, sin que quedara registro ni rastro, utilizando contratistas.
“Ha develado que los prófugos de la justicia Leopoldo López y Julio Borges han sido beneficiarios directamente de las asignaciones ilegales de embarque de crudo. Detalla que a través de dos contratistas, se les otorgaron cargamentos de crudo para el beneficio de Leopoldo López y Julio Borges», dijo el fiscal en una conferencia de prensa.
«Estos cargamentos, dice Samark López, que estaría mínimamente valorado en más de 1.000 millones de dólares”, agregó el fiscal de la dictadura en Venezuela.
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Corrupción de PDVSA calculada «a ojo de buen cubero»
“Los embarques mínimos eran de 2 millones de barriles por barco, con un valor aproximado de entre 120 y 140 millones de dólares según el precio que estuviese en el mercado».
«Se calcula que mínimo fueron 8 barcos para dar una cifra de 1.000 millones de dólares”, continuó el fiscal citando a Samark López.
En ese sentido, anunció que fueron emitidas nuevas órdenes de arresto y extradición desde Venezuela contra López y Borges.
“Habla a nombre de Story, dice que Samark y El Aissami deben hacer cosas tangibles, empieza la extorsión, la presión”, continuó el fiscal chavista.
Trama política por pedir condiciones electorales
Dirigentes opositores admitieron conversaciones con “sectores” del oficialismo, con el propósito de lograr condiciones electorales y una transición en el país, pero se desmarcaron de la trama de corrupción.
El año pasado la dictadura chavista inició operativos en los que 67 personas, entre ellas altos funcionarios públicos y empresarios, fueron detenidos y procesados por sospechas de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado.
Los supuestos hechos implicaron operaciones petroleras ilegales y conglomerados de sociedad mercantiles para legitimar dinero, para, por medio de la utilización de criptoactivos, adquirir inmuebles e inversiones en el sector de construcción.