Bachelet destaca incremento de exilio y persecución a religiosos en Nicaragua

Michelle Bachelet

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves, una actualización oral sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización, según lo dispuesto en la resolución 49/3, en la que destacó el incremento de migrantes y la persecución a religiosos.

Bachelet expuso que las crisis sociopolíticas, económicas y de derechos humanos en Nicaragua, están expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares y que el número de nicaragüenses que abandonan el país está creciendo en cifras sin precedentes, incluso mayores que en la década de 1980.

“En los últimos ocho meses se ha duplicado el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica, alcanzando un total de 150.000 nuevos solicitantes desde 2018. Esto representa el tres por ciento de la población costarricense”, señaló.

Añadió que el número de nicaragüenses interceptados en las fronteras de los Estados Unidos de América, también experimenta un aumento sin precedentes, pasando de 3.164 en septiembre de 2020 a 92.037 en abril de 2022.

“En marzo de 2022, la cifra llegó a 16.088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces superior a la registrada en marzo de 2021”, expresó la funcionaria quien añadió que los consulados y embajadas nicaragüenses en el exterior niegan trámites a sus connacionales.

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Arrecia persecución contra iglesia

Sobre la persecución a religiosos, señaló que desde mayo, la Policía Sandinista reanudó el acoso a los sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente.

“Dos fueron rodeados en sus iglesias por policías y se prohibió la entrada a los feligreses. El Gobierno también ha ordenado la eliminación del Canal Católico de la parrilla de televisión por cable”, señaló.

Situación de violación a derechos humanos incrementa

Bachelet aseveró que en los últimos tres meses, la situación de derechos humanos en Nicaragua ha empeorado y que ha recibido más denuncias de detenciones arbitrarias en las que los detenidos enfrentan condiciones atroces.

La funcionaria tomó como referencia informes de la sociedad civil de Nicaragua, al asegurar que existen 173 secuestrados políticos desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.

“Quienes fueron detenidos en el marco de las elecciones de 2021, se encuentran en condiciones contrarias a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin el debido proceso”, señaló Bachelet.

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La Alta Comisionada refirió que los secuestrados políticos en el contexto de la farsa electoral (11 mujeres y 39 hombres), fueron condenados a penas de prisión de hasta 13 años e inhabilitados para ejercer cargos públicos. “Sin embargo, estas condenas se habrían basado en denuncias que no se probaron durante el proceso judicial”.

“Aprovecho esta oportunidad para instar nuevamente a las autoridades competentes, a garantizar la pronta liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica. Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades, a que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención”, dijo Bachelet, quien evitó referirse a los detenidos como presos políticos.

La Alta Comisionada añadió que se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de los secuestrados políticos, y para asegurar que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales.

Bachelet preocupada por reducción del espacio cívico

Bachelet aseguró sentirse preocupada por la reducción del espacio cívico en Nicaragua a través de la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones y universidades por parte del Parlamento, dominado por la dictadura sandinista.

“Esto no solo ha afectado a las organizaciones de derechos humanos, sino también otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales”, dijo.

Pese al argumento de la dictadura de clausurar organizaciones señalándolas de incumplir con la ley, Bachelet dijo que la ONU tiene conocimiento de que los representantes de los organismos, han sido impedidos de defender su posición con el debido proceso ante una autoridad independiente.

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También mostró preocupación por las consecuencias de la nueva Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo.

“Esta ley dificulta el registro de las organizaciones y permite al Gobierno total discrecionalidad para exigir información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. Cualquier actividad emprendida por la organización debe someterse a la autorización previa del Gobierno y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas. La ley también impone una cuota máxima del 25% de «miembros extranjeros» en cualquier organización”, añadió.

Bachelet concluyó su informe oral instando a la dictadura a que respete los derechos humanos y que otorgue ingreso a su oficina.

“También hago un llamado al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros para que intensifiquen rápidamente los esfuerzos destinados a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis, y permitan que mi Oficina las visite”, concluyó.

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