Dictadura investiga a más de 100 periodistas de Nicaragua

Las investigaciones y acciones judiciales de la Fiscalía y la Policía, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se mantienen abiertas y en proceso contra aproximadamente 100 periodistas de Nicaragua, según la filtración de fiscales a abogados privados.

Uno de los periodistas citados por el Ministerio Público, entre los meses de mayo y julio, contrató en septiembre pasado a un abogado privado para indagar su situación legal, antes de intentar salir del país para buscar un tratamiento médico.

De acuerdo al periodista, quien mantiene en anonimato su residencia e identidad para evitar ser acosado por la Policía o acusado por el Ministerio Público, su abogado le informó que logró contactar a uno de los fiscales activos, un ex compañero de estudio con quien cursó la carrera de Derecho en una universidad de Managua.

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Lista de 100 periodistas bajo vigilancia

Según el periodista, el fiscal contactado le reveló en condición de confidencialidad al abogado privado que existe un listado de poco más de 100 periodistas a quienes el Ministerio Público les tiene expedientes abiertos por diversos delitos contenidos en la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), Ley de Traición a la Patria (Ley 1055) y Lavado de Dinero (Ley 977 y sus reformas en la Ley 1072).

Según el abogado, el fiscal le explicó que los casos “están activos y asignados” a varios fiscales, por lo cual las causas contra los periodistas “siguen su curso normal” y “pueden ser acusados penalmente en cualquier momento si así lo decide la Fiscalía”.

Por esas razones, reveló el fiscal, ninguno de los periodistas con expediente activo en el Ministerio Público puede salir del país porque existe una coordinación entre Migración y Extranjería, Ejército de Nicaragua y Policía, en las fronteras y puestos migratorios.

Tampoco pueden recibir financiamiento externo a sus cuentas bancarias, ya que la Corte Suprema de Justicia ordenó levantar el sigilo bancario a todos los periodistas enlistados y tanto la Unidad de Análisis Financiero como la Superintendencia de Bancos han orientado vigilar sus movimientos bancarios.

Restricción migratoria y vigilancia bancaria

“La recomendación que le dio el fiscal a mi abogado, es que si yo, o cualquier periodista que fue citado o indagado en el proceso contra Cristiana Chamorro y Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), quiere viajar, tiene que salir ilegal y no arriesgarse en los puestos migratorios, porque puede terminar sin pasaporte y hasta detenido”, dijo el periodista.

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A partir de mayo de este 2021, el Ministerio Público inició una serie de citaciones, detenciones arbitrarias, congelación de cuentas y amenazas de cárcel contra decenas de periodistas, directores y propietarios de medios y funcionarios de medios de comunicación, a quienes señaló de cometer “lavado de dinero” por su relación con la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

El Ministerio de Gobernación, como parte de la estructura represiva del régimen sandinista, denunció a la FVBCH de lavado de dinero y solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra sus directivos y trabajadores.

El ente sandinista acusó a Cristiana Chamorro, exdirectora y fundadora de la FVBCH y entonces precandidata presidencial, de lavado de dinero y otros delitos y por ello fue detenida desde junio, en una redada que abarcó a exfuncionarios de la citada Fundación, como Marcos Fletes y Walter Gómez, detenidos desde mayo pasado.

Perseguidos, amenazados e investigados

A raíz de esa acción judicial la Fiscalía citó e interrogó a más de 50 periodistas que en algún momento habían tenido relación de trabajo con la FBVCH, una organización gubernamental con más de 20 años de existencia que capacitaba a medios y periodistas, realizaba concursos de prensa y tramitaba recursos internacionales para promover la Libertad de Prensa y de Expresión en Nicaragua.

A la mayoría de los periodistas citados, según el testimonio de muchos de ellos ante la prensa nacional e internacional, los fiscales los amenazaron con cárcel por la comisión del presunto delito de difusión de noticias falsas, por el presunto delito de recibir recursos del extranjero para desestabilizar al gobierno, por los presuntos delitos de traición a la patria y lavado de dinero.

Al periodista Wilfredo Miranda, de Divergentes, una fiscal le amenazó directamente con cárcel por el contenido de sus publicaciones, al igual que al editor de La Prensa, Fabián Medina por sus artículos de opinión y al jefe de redacción de ese medio, Eduardo Enríquez; a otros, como José Adán Silva, de la plataforma Literal, lo detuvieron policías y paramilitares a la salida de la fiscalía, junto a sus abogados y los amenazaron con enviarlos a la cárcel El Chipote.

Ellos figuran entre los “expedientes abiertos y activos” en el Ministerio Público.

Al cronista deportivo Miguel Mendoza lo detuvieron y acusaron de “Traición a la Patria” en junio pasado, mientras que, a varios periodistas, como Octavio Enríquez de Confidencial, los mandaron a buscar con policías a sus viviendas; otros que intentaron salir legalmente del país, la Policía y los agentes de Migración los retuvieron, interrogaron y quitaron sus pasaportes, como al periodista Vladimir Vásquez de Confidencial y Mauricio Madrigal de Canal 10.

Estados Unidos, principal país donante de la FVBCH a través de la agencia de cooperación USAID, negó que hubiera lavado de dinero o malversación de los recursos donados, pero la Policía y la Fiscalía siguieron citando, interrogando, persiguiendo y amenazando a periodistas, lo cual llevó a una nueva ola de más de 50 comunicadores exiliados.

Periodismo independiente bajo acecho

Según la filtración del fiscal, entre los expedientes activos y bajo investigación se encuentran todos los directores de medios y plataformas digitales citados entre mayo y julio: La Lupa, Café con Voz, Artículo 66, Literal, Bacanalnica, Obrera de la Tecla, Divergentes, Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, Onda Local, República 18, Despacho 505, Voces en Libertad, Boletín Ecológico, La Mesa Redonda, Red Colectiva, Ip Nicaragua, entre otros.

Además, se investiga a la mayoría de los editores y jefes de prensa de medios de mayor tradición como Canal 10, Canal 12, Radio Corporación, Radio La Costenísima, Radio Darío, Radio Camoapa, Radio Stereo Romance, 100% Noticias y Confidencial.

Además, se abrió expediente investigativo a casi todo el cuerpo de editores y periodistas de La Prensa, periódico intervenido por la Policía en agosto del año actual, con lo cual la lista se amplió de casi 70 personas a un poco más de 100, de acuerdo a las filtraciones del fiscal al abogado privado.

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