Café con Voz
En esta guerra del régimen sandinista contra el periodismo independiente en Nicaragua, los ruinas de las batallas se alzan visibles a ojos de todo el mundo.
Como cadáveres insepultos, las edificaciones asaltadas de antiguos medios de comunicación se pudren a la orilla de la carretera, como en el caso de La Prensa.
Su bandera gigante azul y blanca que por más de 90 años ondeó limpia y libre en el asta frontal del edificio sobre la Carretera Norte, hoy luce sepia y harapienta, mientras un musgo verdoso crece libre sobre las paredes pálidas de la antigua sala de redacción.
El diario La Prensa, el último periódico de circulación nacional que existía en Nicaragua, fue allanado en agosto pasado; Juan Lorenzo Holmann, su gerente, fue arrestado y enjuiciado por el delito de conspiración en este 2022 y fue condenado a nueve años de cárcel.
Zarpazo contra los medios
Las instalaciones de la Prensa, ocupadas por agentes policiales, quedaron en manos de sus verdugos y se deterioran a vista y paciencia de quienes circulan por la traficada arteria de Managua.
Otros medios que igual corrieron la mala suerte de ser confiscados por la dictadura Ortega-Murillo, como 100 Noticias y Confidencial, han cambiado de fachadas y colores; como cambiar de ropas y ponerle maquillaje a un muerto que ya no puede oponerse a la mancillación.
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En mayo de 2021 fue allanado por segunda vez el medio digital Confidencial, lo que provocó en junio de ese año el exilio por segunda vez de su director Carlos Fernando Chamorro, el único de sus hermanos periodistas que logró escapar a la redada, pues Cristiana y Pedro Joaquín fueron apresados y condenados.
Radiografía de una prensa golpeada
Café con Voz hizo una radiografía de la situación del periodismo nicaragüense, a partir de un informe anual del organismo Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El gremio periodístico y medios de comunicación independientes continúan bajo constante asedio, persecución, hostigamientos, agresiones físicas, allanamientos y causas penales, además de discursos estigmatizantes por parte de autoridades estatales, reseña el informe del colectivo de derechos humanos.
Y no solo ellos lo registran: en el 2021, y a distancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), documentaron ataques contra 12 periodistas nicaragüenses.
Sin piedra sobre piedra
Periodistas de medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país, se vieron obligados a salir al exilio por temor a represalias en su contra.
Denunciar tal cual son las disparatadas decisiones de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y registrar la visible política de estado policial se vuelve un acto subersivo que puede mandar a la cárcel a cualquier periodista que lo publique, por muy pública que sean las evidencias.
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En Nicaragua ya no existe la prensa escrita y solo las personas que tienen acceso a un teléfono inteligente e internet pueden acceder a las noticias de medios independientes.
Noticias anónimas y soledad en el ejercicio
Nadie que se precie de amante de la libertad, se atreve a firmar sus crónicas si aún vive en Nicaragua; a la vez, y con temor, las fuentes piden el mismo derecho al anonimato o responden de otro modo: cortando las llamadas o tirando las puertas de sus oficinas a quienes osen llegar a sus despachos a pedir opiniones.
Un colega grafica su situación como una experiencia de soledad: el día nacional del periodista (1 de marzo) recordó con nostalgia aquellos años en que la agencias de publicidad y empresas “amigas” enviaban pasteles de cortesía a las salas de redacción de los medios de comunicación.
“Tuve que ir a la panadería a comprarme una tortita para llevar y comerla con café en mi casa, para quitarme el sabor a nostalgia”, confiesa a Café con Voz.
Periodismo clandestino
El ejercicio periodístico dentro de Nicaragua se volvió clandestino o se convirtió en un duro trabajo internacional: solo se puede ejercer libremente fuera de sus fronteras.
Más de 120 periodistas fuera de su terruño dan certeza de esa realidad brutal.
Los únicos autorizados a operar con normalidad e impunidad, son quienes trabajan en el oficialista y poco creíble imperio mediático del régimen: muchachos recién salidos de las universidades que visualizan como obediencia de rebaño el ejercicio del “periodismo”.
Puertas cerradas a la justicia
La confiscación de las instalaciones de medios de comunicación independientes, como 100% Noticias, el primero de todos en diciembre de 2018, encuentra las puertas cerradas a la justicia
Hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia no ha emitido ningún fallo con relación a los recursos presentados de diciembre 2018 a julio 2022.
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Al contrario, como verdugos, jueces y fiscales al servicio de la dictadura apresaron y condenaron a su director Miguel Mora, de modo que junto al edificio fue condenado también su propietario.
Política de guerra contra la prensa
Guerras como estas contra los periodistas, no son hechos sueltos al azar.
De enero a marzo de 2022, la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), desde el exilio obviamente, registró y documentó 78 denuncias, de las cuales implican 175 ataques contra la libertad de expresión y libertad de prensa en el país.
En ese tiempo breve al menos 75 periodistas fueron agredidos, por igual mujeres y hombres de prensa: amenazas de muerte o cárcel, hostigamiento, estigmatización, agresiones físicas y verbales, acoso judicial…
Los principales atacantes son policías, jueces, fiscales y fanáticos del régimen.
En la oscuridad, pasamontañas en el rostro y custodiados por patrullas, pintan mensajes intimidantes en las paredes de las casas de estos periodistas: “Plomo”, a como los nazis trazaban la estrella de David en las casas de familias judías antes de ser enviadas a la muerte o a los campos de concentración.
Inagotables en la crueldad
A otros periodistas los persiguen y los toman fotos mientras suben a un bus de transporte colectivo; mientras hacen filas en los centros de salud o simplemente platicando con los vecinos.
Luego las fotos salen en las redes sociales de las granjas de troles sandinistas con advertencias, memes y amenazas: “sabemos que fuiste a pedir trabajo a… y nos encargaremos de que no te contraten por golpista”.
A una muchacha, ya retirada del oficio como corresponsal en León, la descubrieron emprendiendo una venta de nacatamales: le encargaron 50 y cuando tocaba la entrega le mandaron a un motociclista con un papelito: “andá vendelos a los tranques, golpista”.
Descalabro de la libertad de prensa
Las canallescas acciones sandinistas resuenan fuera: el Organismo Reporteros Sin Fronteras (RSF) caracterizó a Nicaragua como un país protagonista del “mayor descalabro” bajándolo 39 posiciones y clasificándolo en el lugar 160 de 180 país evaluados.
Los datos de PCIN registran 1,520 agresiones contra periodistas en 2021, al menos 401 delitos contra la prensa cometidos entre diciembre de 2019 y febrero de 2022.
Solo en el contexto electoral de 2021, teatro innecesario para recetarse cinco años más de poder y abusos, al menos 54 agresiones contra periodistas y medios independientes.
El Colectivo de Derechos Humanos presentó en abril de 2021 un informe sobre la Libertad de Expresión y Prensa que sistematiza las principales violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los periodistas, documentando 18 denuncias sobre distintos abusos en contra de este gremio.
Como aves raras
En las calles de Nicaragua ya no se ven periodistas haciendo preguntas o tomando imágenes.
Tampoco hay conferencias de prensa o salas de redacción como las puede haber desde Quebec a Ayacucho.
El Coletivo de Derechos Humanos reporta que los periodistas se han desplazado de manera forzada en búsqueda de protección internacional a Costa Rica, a Estados Unidos y a España.
En San José y Miami, los comunicadores nicaragüenses se encuentran en eventos y coberturas como lo hacían en Managua antes de exiliarse y hacen tertulias allá, una cosa impensable ahora acá.
Ministerio pútrido
La mayoría de ellos salió desde mayo de 2021, cuando la Fiscalía empezó a judicializar a la prensa independiente.
Cerca de 70 periodistas fueron citados, interrogados, amenazados y algunos acusados por delitos de lavado de dinero, terrorismo, noticias falsas y traición a la patria.
En el Ministerio Público, centro de operaciones de la campaña contra la prensa, todavía hay 100 expedientes abiertos contra periodistas dentro y fuera de Nicaragua, listos a activarse cuando sea necesario apretar: el que no está en el exilio puede ir a la cárcel.
Medidas cautelares
Como nunca antes, se han solicitado y otorgado medidas cauterales de la CIDH a periodistas.
Solo entre 2021 y 2022, la organización de derechos humanos logró la protección internacional a 13 periodistas nicaragüenses y sus familiares más cercanos.
Antes, entre 2018 y 2020, otros 23 periodistas recibieron estas medidas cautelares de la CIDH, la cuales, tristemente, no se respetan y al contrario etiquetan a los beneficiarios como sujetos de interés para la seguridad del Estado.
La mayoría de ellos terminó huyendo del país, con todo y medidas de protección especial.
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Rosario de maldades
Los expertos, resumen las sentencias de a CIDH, coinciden que en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo violenta los derechos humanos de forma sistemática y generalizada desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018 hasta la fecha.
Uno de los sectores más afectados ha sido la prensa independiente. Víctima de asedios, amenazas, agresiones, confiscaciones, robos, campañas de desprestigio, juicios, condenas y exilio.
Desde abril de 2018, continuaron los reportes de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
Impunidad grotesca
Destacan, sobre todo, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, hostigamiento, denegación de justicia, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como acciones para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.
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“Las personas de prensa en particular sufrieron ataques a la integridad física y psicológica, daño patrimonial a medios, violaciones a la libre movilización, circulación y residencia y negativa de otros derechos”, dice el informe del Colectivo de Derechos Humanos.
Se suman, además al rosario de anomalías, obstáculos para el ejercicio periodístico, persecución fiscal y aduanera, retenciones migratorias ilegales, retención o decomiso de pasaportes ilegales…
Todo ello en el marco de un estado que ofrece a las perpetradoras garantías de impunidad: ninguna de estas agresiones ha sido investigadas.