Un especialista en temas de seguridad y marketing digital y un especialista en temas de administración de justicia, explican los nuevos retos a los que se enfrentan los ciudadanos y periodistas tras la aprobación de la «Ley Mordaza», misma que criminaliza a quienes haciendo uso de las tecnologías de la comunicación e información (TIC) propaguen “Noticias falsas”.
La nueva Ley Especial de Ciberdelitos «Ley Mordaza» aprobada por los 70 diputados de Daniel Ortega, ha provocado alarma en la población y en los periodistas independientes en Nicaragua, debido a la criminalización que esa nueva norma legislativa impone a los ciudadanos que por medio de las TIC, difundan lo que el régimen estima son “noticias falsas”.
La misma ley, no establece qué noticias será verdadera o falsa y no dice quién lo definirá. Sin embargo, el régimen de Ortega ha denominado “Fake News” a las publicaciones de medios de comunicación independientes que informan sobre la situación del Covid-19 en el país, luego de la filtración por parte de la red de hackers denominada “Anonymus” de los datos verdaderos que eran ocultados por el Ministerio de Salud.
Por otra parte, la ciudadanía a optado por utilizar las redes sociales para denunciar corrupción, anomalías por parte del Estado y la represión desatada desde abril de 2018 por parte del régimen sandinista contra quienes protestan en su contra.
De acuerdo con Manuel Díaz, experto en marketing digital, es difícil que el régimen sandinista tenga la capacidad de monitorear a todos los nicaragüenses que utilicen redes sociales para expresar su descontento. El especialista sostiene que, la aplicación de la ley se hará de manera selectiva con líderes de oposición y también los fanáticos sandinistas, tendrán la posibilidad de hacer espionaje cibernético con los contactos opositores a los que tenga agregados en cualquier red social (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter).
Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, asegura que la ley no es retroactiva, por lo que la dictadura no podría aplicar la nueva normativa culpando a un ciudadano por publicaciones hechas antes de la publicación y puesta en vigencia de la legislatura.
“La ley siempre rige para el futuro, lo que tiene como referencia son las acciones, si hace dos años atrás hiciste una publicación a la que ellos considere falsas, ellos no pueden perseguirte hacia el pasado”, dijo el experto en leyes.
Ley de ciberdelitos aumentará clandestinidad digital de los nicaragüenses
Ambos expertos coincidieron en la entrevista central del programa Café con Voz que, luego de la puesta en vigencia de la nueva Ley Mordaza, la presencia de perfiles anónimos en las redes sociales aumentará en Nicaragua.
Díaz, quien es director del sitio web bacanalnica.com, manifestó que la dictadura a través de la policía sandinista confiscará teléfonos celulares y computadoras para obtener información selectivamente de ciudadanos opositores.
“Lo primero que debería de hacerse a partir de ahora es que cuando te agarre la policía, mejor es quebrar el teléfono para que no obtengan información”, dijo Díaz.
El experto digital también agregó que a partir de la puesta en vigencia de esa ley, es mejor aumentar la clandestinidad digital para seguir expresando su opinión en las redes sociales.
“Si no conoces a la persona que te manda solicitud en la vida real, mejor no lo aceptes”, agregó.
Extradición por información falsa es solo una amenaza
De acuerdo con Yader Morazán, el articulo 43 de la nueva ley establece de manera no definida la posible solicitud de extradición para un ciudadano que se encuentre desde el exterior divulgando “noticias falsas”. El experto jurídico manifestó que el régimen sandinista utilizará esa figura como una amenaza, pues considera que no tiene relevancia ni trascendencia jurídica.
“Las extradiciones en Nicaragua es un dato casi nulo, incluso con delitos que tienen gran envergadura, ahora imagínate con una información falsa que no tiene ningún tipo de relevancia par ala sociedad, esto no es más que una cartilla de publicidad para asustar a los periodistas que están en el extranjero, no fue más que una simple mención que no tiene relevancia, ni transcendencia jurídica”, expresó Morazán.
Según el abogado, los países democráticos no se prestarían al juego de Ortega en extraditar a una persona que hace uso de su libertad de expresión en las redes sociales, pero si existe riesgo, si la persona se encuentra en países aliados al régimen sandinista, como Venezuela, Rusia y Cuba.
Seguridad tecnológica
Manuel Díaz, consultor de mercadeo digital, recomienda que las personas puedan adoptar medidas de seguridad digital a través del bloqueo de dispositivos tecnológicos para que nadie los pueda vulnerar. Esto se daría para establecer contraseñas personales que no sean fáciles de desbloquear.
Otra de las recomendaciones del experto es, si es detenido por un paramilitar o un efectivo de policía sandinista y este le intenta arrebatar su teléfono celular, que restablezca de fabrica el dispositivo móvil, previo que mantenga en la nube información importante.
Según el abogado Morazán, el Estado no tiene la capacidad de controlar a todas las personas que tienen una cuenta en las redes sociales. Sin embargo, cuando las entidades estatales fueron consultadas para la aprobación de esa ley, la policía sandinista indicó que ya estaban preparados para aplicarla y monitorear desde sus laboratorios informáticos.
Periodismo investigativo amenazado
Morazán también señaló que los periodistas investigativos deben de aplicar cuidado antes de publicar cualquier información que sea filtrada desde una institución publica, debido a que la Ley criminaliza la divulgación de información sin previa autorización.
El experto digital recomendó a los periodistas independientes de Nicaragua a bajar perfil para evitar represalias estatales por la publicación de noticias que molesten al régimen.
“Yo recomiendo que al momento de firmar artículos, utilizar seudónimos, a como hacen en México, para evitar que los narcos maten a periodistas”, expreso Díaz.
Los dos expertos consultados por Café con Voz, manifestaron que en los próximos meses, producto de la puesta en marcha de la Ley de Ciberdelitos, los políticos, empresarios y todo aquel ciudadano que tiene intereses o bienes costosos en Nicaragua, optarán por autocensurarse y no asumirán el riesgo de seguir publicando en contra del régimen sandinista.