El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), exigió a la dictadura de Daniel Ortega, retirar de inmediato todos los cargos penales presentados contra cuatro trabajadores del diario independiente La Prensa, liberar a los dos conductores encarcelados, y poner fin a los actos de hostigamiento contra ese medio de prensa.
El CPJ denunció que la dictadura presentó cargos penales contra cuatro colaboradores del Diario La Prensa, entre estos, dos conductores, una funcionaria financiera y una periodista.
Los conductores fueron secuestrados en julio de 2022, mientras que la administrativa y la periodista se encuentran en el exilio, a quienes la dictadura les giró orden de captura internacional a través de la Interpol.
El 29 de septiembre, la Fiscalía acusó a cuatro trabajadores de La Prensa del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, según un artículo del diario y las declaraciones de su editor jefe, Eduardo Enríquez, quien conversó con el CPJ por vía telefónica.
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Agentes policiales arrestaron a los dos conductores poco después de que un equipo de La Prensa dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de un grupo de monjas afiliadas a una organización benéfica que fue cerrada por el Gobierno. Enríquez señaló que el diario había decidido no revelar la identidad de los cuatro trabajadores por motivos de seguridad.
“El Gobierno nicaragüense quiere hacer que sea peligroso trabajar en un periódico en cualquier función”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York.
“Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos penales contra los trabajadores de La Prensa, liberar a los conductores presos, y permitir que los miembros de los medios de comunicación trabajen libremente”, añadió.
Si los trabajadores son condenados, podrían recibir una pena de 15 años de prisión, según el Código Penal de Nicaragua. Uno de los trabajadores de La Prensa, quien solicitó guardar el anonimato por motivos de seguridad, declaró al CPJ en entrevista telefónica: “Yo siento que tengo la guillotina en mi cuello”.
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Enríquez calificó de “absurdos” los cargos y declaró al CPJ que funcionarios judiciales les habían prohibido a los conductores contratar abogados defensores privados, y por el contrario los habían obligado a aceptar un defensor público asignado por el Gobierno.
“Esto no se puede calificar más que como una acción absurda; estamos hablando de personas que realizan un trabajo logístico”, aseguró en alusión a los cargos.
“Más allá de que no hay libertad de expresión, no hay libertad para trabajar”, añadió.
Dictadura desató persecución contra periodistas independientes
Según The Associated Press, el 21 de julio La Prensa anunció que el personal del periódico, entre ellos reporteros, editores y fotógrafos, se había ido al exilio debido a la persecución de que era objeto ese medio de prensa.
Sin embargo, también se registró el exilio de otros periodistas que no colaboran con el Diario La Prensa.
El CPJ llamó a la Fiscalía y le envió un correo electrónico para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.