OACNUDH actualiza deterioro de los derechos humanos en Nicaragua

El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua, con «graves violaciones» de los derechos civiles y ataques contra la Iglesia y la libertad de prensa.

«En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose», dijo Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica.

«Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional», añadió.

Salazar Volkman señaló que la Oficina está particularmente preocupada por el secuestro de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica.

“Cincuenta de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año – en algunos casos hasta por 13 años de reclusión – sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial, en condiciones presuntamente inhumanas”, detalló.

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Hostigamiento contra la disidencia

La Oficina documentó actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas,  clérigos, opositores políticos o personas percibidas como tales.

“Por ejemplo, en agosto, la policía intentó incautar los equipos de transmisión de una estación de radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa. Decenas de oficiales de la policía, incluidos antimotines, allanaron la parroquia de forma violenta causando destrozos, y mantuvieron al clérigo y a seis laicos cautivos por tres días sin electricidad ni alimentos”, destacó.

Mencionó que el 19 de agosto, luego de permanecer dos semanas retenidos bajo vigilancia de la policía, el Obispo de Matagalpa y ocho personas fueron secuestradas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua.

“La Policía informó que estaban siendo investigados penalmente por incitar al odio y a la violencia con el propósito de desestabilizar al Estado. Un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días”, expone.

Libertad de expresión disminuida a su mínima expresión

La OACNUDH señaló que las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales.

Salazar Valkman afirmó que los ataques a la libertad de prensa han provocado que el personal del Diario La Prensa, el principal medio de comunicación del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018 según datos de la sociedad civil.

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“Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año, se ha cancelado la personalidad jurídica de 1,512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1.578 en los últimos cuatro años”, expone.

ONU expresa “preocupación” por la discrecionalidad de otorgamiento de personerías jurídicas

La Oficina expresó que sigue preocupada por la norma adoptada el pasado abril, que otorga alta discrecionalidad para la dictadura sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales.

“También nos preocupa la situación en el sector académico con el cierre de al menos a doce universidades y la actual normativa que somete la aprobación de los programas académicos de todas las Universidades a la potestad de un órgano central. Estas medidas se dieron en detrimento de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos esenciales del derecho a la educación”, añadió.

“No hay condiciones para proceso electoral”

La OACNUDH señaló que en noviembre se celebrarán elecciones municipales en el país y que existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales.

Salazar Valkman dijo que, en abril, cinco alcaldes de oposición fueron depuestos de sus cargos por la dictadura, con el argumento de la supresión de la personalidad jurídica de su partido.

“Sin embargo, esta razón no se encuentra contemplada en la legislación como causal de pérdida del mandato popular. Miembros del partido de Gobierno han sido nombrados en reemplazo de los destituidos contraviniendo las normas que regulan la autonomía municipal”, afirmó.

Régimen incumple sus responsabilidades internacionales

La OACNUDH señaló que la dictadura no se presentó a la revisión de sus informes ante dos órganos de tratados en julio y agosto pasado, y sigue incumpliendo de forma generalizada las recomendaciones de la Oficina, los mecanismos de este Consejo y los Órganos de Tratados.

“Por ejemplo, el Gobierno no ha avanzado con un diálogo nacional, como fue recomendado por la Oficina y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo, es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, se lo ve como algo poco probable, al haber el Gobierno excluido a interlocutores relevantes, encarcelándolos u obligándoles a optar por el exilio”, señala.

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No hay reformas institucionales

La Oficina lamentó que la dictadura no haya adoptado las reformas institucionales en el sector justicia, de la seguridad, electoral y en la institución nacional de derechos humanos.

Además, destacó que tampoco ha implementado reformas legislativas en materia penal y administrativa, manteniéndose en vigor un paquete de normas que restringen severamente la libertad individual y otras libertades fundamentales, la presunción de inocencia y la participación.      

La Oficina señaló que no ha conocido ninguna condena contra miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2018.

Salazar señaló que, para poder avanzar en la búsqueda de soluciones, resulta fundamental que la dictadura reconozca y aborde las causas profundas de la crisis en el país.

“Las recomendaciones de la Alta Comisionada en todos sus informes constituyen una hoja de ruta con acciones concretas para apoyar a Nicaragua en esta tarea, para así encaminarse a superar la crítica situación actual, con el esencial apoyo de la comunidad internacional. Insto a la comunidad internacional a mantener sus esfuerzos y compromisos, incluido continuar el urgente llamado a las autoridades por la liberación de las personas arbitrariamente detenidas”, añadió.

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