NIC032. MANAGUA (NICARAGUA), 28/06/2018.- Un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) espera a ser atendido hoy, jueves 28 de junio de 2018, en el exterior de una de las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía nicaragüense, conocidas como el "Chipote", en Managua (Nicaragua). Un equipo de expertos que investigará las muertes ocurridas durante la crisis que vive Nicaragua comenzará sus trabajos en el país el próximo martes, informó hoy una responsable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE/Jorge Torres

Nicaragua es el país con más solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, señaló Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la CIDH.

«Como país, Nicaragua está en el primer lugar de solicitudes de medidas cautelares. Quiero reconocer que la Corte Interamericana ha hecho eco de petición de medidas cuando la situación de las personas beneficiarias de medidas cautelares entran en una situación de riesgo», dijo Arosemena en entrevista a Café con Voz.

Entre 2018 y 2022, la CIDH ha otorgado 101 medidas cautelares a nicaragüenses por considerarlos en una condición de alto riesgo por su posición política o ideológica. Arosemena, dijo que en el caso de Nicaragua las solicitudes llegaron a dispararse hasta en un 5,000%.

El 22 de junio de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del secuestrado político José Alejandro Quintanilla Hernández y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

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La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, quien es identificado o percibido como opositor político, se encuentra privado de libertad desde el 23 de agosto de 2021 y no ha recibido atención atención médica oportuna.

Dos días antes, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Antonio Peraza Collado, Roger Abel Reyes Barrera e Irving Isidro Larios Sánchez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

Dictadura hace caso omiso a recomendaciones de la Comunidad Internacional

Arosemena afirmó que en Nicaragua se vive “una situación de terror” y que ante el desacato del régimen dictatorial a las recomendaciones de los organismos internacionales, se debe mantener en la agenda del mundo, la decisión de la dictadura de pasar por encima de sus obligaciones en materia de tratados y derechos humanos.

«Hay condiciones de humanidad (en las cárceles) que están desatendidas y eso, a nivel internacional, tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como continente y región. Lo que podemos hacer es mantener en el conocimiento de la comunidad internacional estas situaciones», dijo la
Relatora.

«Lo que hacen los organismos internacionales es señalar a Nicaragua como un Estado que no atiende sus obligaciones internacionales como miembro de la Comunidad Internacional», añadió.

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Destacó que pese a la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos OEA, la dictadura no se libra de sus responsabilidades internacionales.

«Al denunciar la Carta de la OEA, se sale del organismo, pero sus obligaciones ante la Comunidad Internacional permanecen y, en su momento, habrá que atender esos incumplimientos y responsabilidades», dijo.

Países de destino de la emigración deben garantizar condiciones humanas

Arosemena expresó que se siente «afectada» debido al éxodo de nicaragüenses que huyen de la represión y por medidas económicas o políticas de la dictadura de Daniel Ortega.

A la vez, instó a los países de destino de los nicaragüenses migrantes, a garantizar condiciones humanas y el reconocimiento de su dignidad.

«Los países de destino tienen muchos retos y el llamado es a buscar con los principales actores, reconocer al que se acoge como persona y respetarle su dignidad», expuso.

Además, criticó la existencia de secuestrados políticos en Nicaragua, asegurando que ningún Estado democrático mantiene a personas privadas de libertad por opinar distinto.

«El gobierno que solo pretende escuchar voces que aplauden, están desconociendo a otras voces que tienen derechos», añadió.

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