Ley 1115 violenta derechos de organizaciones sociales

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La Ley 1,115, conocida como la “Nueva Ley de ONG de Nicaragua”, violenta una serie de derechos a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general, concluyeron especialistas en un conversatorio desarrollado por la Red Centroamericana por la prevención del lavado de activos, Redactivos.

El conversatorio, encabezado por el economista Enrique Sáenz, el abogado Uriel Pineda y Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, concluyó que la nueva normativa aprobada institucionaliza la criminalización de la labor de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua y violenta una serie de derechos a la ciudadanía.

Organizaciones promueven la democracia

Pineda explicó que esta legislación transgrede una serie de derechos entre los que destacó la vida en democracia, el debido proceso al hacer las cancelaciones de las organizaciones, el derecho a defender derechos, la libertad de expresión, el derecho a un nivel de vida adecuado y dentro de este último se pueden enumerar una gama muy amplia.

“El objetivo principal no es solo silenciar sino coaptar cualquier espacio de organización, es decir, hay una visión corporativista del régimen Ortega Murillo, en virtud de la cual la participación ciudadana o la organización social tienen que estar dentro de los controles establecidos”, dijo Pineda.

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Por su parte, Amaru Ruiz consideró sobre la “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro” (Ley 1115) que solamente 8 de sus 57 artículos establecen algún nivel de referencia al tema de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas.

“Más que una ley que permita disminuir el riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas lo que se ha convertido es en una espada de Damocles en contra de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua”, dijo.

“La nueva norma, prácticamente se creó para justificar la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de esa aprobación, envió un informe al Gafilat en la que incluía a más de mil organizaciones que ellos consideran de riesgo en el país. Sin embargo, nadie conoce qué factores tomaron en cuenta”, añadió Ruiz.

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Dictadura determinará qué organizaciones podrán existir

Por su parte, Pineda detalló que con la Ley se legitima “el actuar ilegítimo de las autoridades” y el Ministerio de Gobernación se convierte en un filtro que determina “qué organización y con qué fines va a existir en el país”.

Por otro lado, Sáenz, economista y analista, agregó sobre el actuar de las autoridades que las mismas utilizan esta nueva normativa para aplastar el derecho de organización

“Y después para aparentar que están previniendo el lavado de dinero cuando en realidad el verdadero lavado de dinero en cifras cuantiosas, señalado internacionalmente, está cubierto por las instituciones del Estado”, expresó.

Acciones de la dictadura espantan las donaciones

Finalmente, Ruiz consideró que estas acciones “espantan” a los donantes que, a través de la cooperación, financian e impulsan proyectos sociales.

“Cada vez se está cerrando más el espacio y el derecho a organizarse de los nicaragüenses. Además, se ha reducido la capacidad de seguir articulando procesos y seguir desarrollando acciones en el país. Este ambiente, que no beneficia a las organizaciones, representa disminución de la capacidad de operar en Nicaragua”, señaló Ruiz.

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