Las recientes sanciones aplicadas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a 18 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, tomaron en consideración la coordinación entre países contemplada en la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), firmada recientemente por el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (IND), en Estados Unidos, explicó en una entrevista en Café con Voz, que en las estrategias que aplicará la comunidad internacional, será la coordinación para la implementación de sanciones y el incremento de presiones económicas.

“Tiene que haber informes para revisar qué acciones tomar. Ya hay un debate en el Congreso de Estados Unidos para aplicar mayor presión económica a través de los bancos, sin que la población resulte afectada”, dijo Ullmer.

Ullmer expuso que Renacer incidirá en las decisiones de organismos financieros multilaterales a la hora de otorgar créditos a Nicaragua.

“Renacer tiene un lazo directo con el FMI y lo que podría esperarse es un potencial congelamiento de desembolsos y préstamos, especialmente si se aplica la Carta Democrática. Será muy complicado para el régimen obtener nuevos créditos”, señaló.

No obstante afirmó que Estados Unidos no tiene incidencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero que algunos socios regionales podrían ejercer presiones para que la entidad restrinja los créditos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Renacer no afectará a población nicaragüense

Ullmer también detalló que las medidas contempladas por la Ley  Renacer, pretenden no afectar a la población nicaragüense.

“Hay alcances y tiene que ver con las opciones que nos da el Estado de Derecho para presionar al régimen sin afectar al pueblo nicaragüense. Solo hay que ver la lista de sancionados de este lunes. Es clave entender que Renacer no va a afectar al pueblo, sino que las sanciones son dirigidas a operadores del régimen Ortega Murillo”, dijo Ullmer.

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No obstante, señaló que el régimen sandinista inició una jornada de cabildeo en Washington para evitar la anulación del Tratado de Libre Comercio (TLC)

“Los sandinistas tienen sus lobistas en Washington y ya se están escuchando sus discursos. Hay un debate interno en la administración Biden para no perjudicar al pueblo nicaragüense. Ya existe una comisión valorando las medidas que se van a tomar alrededor del Cafta”, añadió.

Empresarios “son claves” para Estados Unidos

Aunque refirió que cualquier empresario que tenga vínculos con el régimen de Daniel Ortega podría ser sancionado, Ullmer refirió que Estados Unidos espera cooperación de estas personas para lograr un mayor impacto con la aplicación de presiones económicas.

“Todas las opciones están sobre la mesa. Los grandes empresarios si siguen en negocios con Ortega y no asumen su sentido de responsabilidad, va a ser poco lo que se pueda hacer”, consideró Ullmer.

También hizo un llamado a los sectores sociales de Nicaragua a brindar información clave que pueda ayudar a dirigir mejor las sanciones.

“Es imperativo que la sociedad nicaragüense brinde información de la alianza entre el Ejército y el régimen y los negocios del Ejército fuera de Nicaragua. También contempla recibir informes sobre el centro de escucha (espionaje) de los rusos en Nicaragua que ha dado información a la inteligencia de la Policía y los militares sobre qué hacen los opositores”, añadió.

Salida de Nicaragua de la OEA no incide sobre sanciones

El presidente del Parlamento de Daniel Ortega, el dos veces sancionado, Gustavo Porras, anunció el lunes, que para este martes fue convocada una sesión para aprobar una declaración en rechazo a la reciente resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

A criterio de Ullmer, la decisión del régimen luego de la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA fue un mensaje claro y directo para la dictadura.

“Obviamente el mensaje fue dado ya que Ortega está pensando en salirse de la OEA. Habrá que ver qué países presentan opciones en el rol de facilitar el diálogo. Hay opciones abiertas aun si Ortega decide salirse de la OEA”, explicó.

«El contexto cambia y las sanciones selectivas son útiles para presionar a los regímenes a negociar. Más allá de la OEA, quizás se tendría que ir buscando a Naciones Unidas e ir abordando los casos de lesa humanidad en el Consejo permanente de Derechos Humanos”, dijo Ullmer.

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