Campaña electoral sin garantías, un botín a la medida del régimen

El pasado 25 de septiembre se dio inicio a las campañas electorales que se extenderá hasta el tres de noviembre 2021. El Consejo Supremo Electoral (CSE), publicó el sábado la edición número 19 del Dossier Informativo “Elecciones libres 2021”, donde reitera la decisión de no permitir caravanas, caminatas o actos en espacios públicos abiertos, con más de 200 personas.

El cumplimiento de la medida impuesta por la dictadura familiar, estará a cargo del Consejo Supremo Electoral, el Ministerio de Salud (Minsa) y la policía de la familia Ortega Murillo.

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Campaña electoral del Partido Liberal Independiente (PLC), inicia en un contexto electoral sin garantías constitucionales. Video/Cortesía

Régimen del terror en contexto electoral

Para Alexa Zamora miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la dictadura a través de su política del terror que impone con mano de hierro por medio del aparato Estatal, ha generado temor a la población para poder movilizarse o simpatizar en algún partido.

La opositora explicó a Café con Voz, que la medida tomada por el CSE, está muy probablemente lejos de ser por el contexto de pandemia que se vive en el país y es más bien para evitar que al régimen se le salga de las manos ciertas actividades como reuniones y movilizaciones completamente naturales en procesos de campaña electoral.

Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Foto/Cortesía

Para ellos significa un riesgo, una amenaza, ya les parece que va a suceder otro abril 2018 si dejan que las personas se reúnan y hagan uso de su derecho de reunión como tal, establecido en la Constitución Política de Nicaragua”, señaló Zamora.

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Así mismo, la activista recordó que este año, la dictadura aumentó el presupuesto estipulado a los reembolsos de campañas electorales, en un año donde se ha visto un incremento exponencial en el pico de contagio. “En vez de destinar ese presupuesto a la compra de vacunas o para invertir en hospitales, lo han destinado al Consejo Supremo Electoral”, añadió.

Botín millonario para el FSLN

Según un artículo publicado en la plataforma digital de Confidencial, el FSLN mantiene un súper negocio a través de una de las arbitrarias leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.

La vía de ingreso para el jugoso botín que se receta el partido de la familia Ortega Murillo, se denomina rubro de financiamiento electoral para los partidos que participan en las elecciones.

El financiamiento para el partido de la dictadura, representa un ingreso fresco de al menos 17 millones de dólares, tomando en cuenta el porcentaje de votos que se han adjudicado a través de sus procesos electorales fraudulentos según estimaciones de analistas consultados por ese medio de comunicación.

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Este monto se logra tomando en cuenta el 1% de los ingresos ordinarios del PGR de 2021 (23.4 millones de dólares) con el porcentaje de votos que el Frente Sandinista se adjudicó en el proceso electoral de 2016, que fue un 72.4% de los votos, a razón de 1.8 millones de votos para el partido rojinegro. Los 17 millones de dólares podrían aumentar si en un dado caso el Frente Sandinista decide aumentar esta asignación de votos que se adjudicó en 2016.”, explica la nota informativa.

Los 17 millones de dólares podrían aumentar si en un dado caso el Frente Sandinista decide aumentar esta asignación de votos que se adjudicó en 2016″, aseguraron especialistas al medio de comunicación Confidencial. Foto/Cortesía

La legislación fue aprobada en abril del 2016 por diputados orteguistas y sus partidos zancudos, dando paso libre a las estructuras políticas de esquivar la necesidad de conseguir al menos un cuatro por ciento de votos para ser beneficiados del reembolso del Consejo supremo Electoral (CSE).

Cabe destacar, que la cantidad millonaria podría aumentar según los analistas consultados por Confidencial, esto si a un dado caso al régimen se le ocurre estipular un precio mayor al porcentaje que se adjudicó.

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