La represión que la dictadura de los Ortega Murillo ha intensificado desde el mes de mayo, ha ocasionado que 50 países ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), denunciaran los resientes hechos contra lideres de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, candidatos a la presidencia y periodistas, los que «pone en duda» la legitimidad de las elecciones.

También, en la declaración se condena que pese al llamado que la comunidad ha realizado persistentemente y «las violaciones de las obligaciones internacionales que estos actos implican», sigue aumentando el número de detenidos y las denuncias de intimidación.

Estamos profundamente preocupados por los informes de detenciones arbitrarias e intimidación general contra opositores políticos, lideres estudiantiles y de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos (…) Los hechos ocurridos ponen en duda la legitimidad y dificultarían mucho la evaluación de las próximas elecciones el siete de noviembre en Nicaragua como libres, justas y transparentes» señalan en la declaración conjunta.

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Combo anti institucional, «socava» la libertad ciudadana

Los países, también mostraron su preocupación por la aplicación de las leyes aprobadas en un combo anti institucional por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, puesto que «socavan la participación política, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación pacífica, la separación de poderes y el sistema democrático en su conjunto».

Por esta razón, instaron a garantizar la protección de los derechos humanos, hacer rendir cuentas a las personas responsables de violar estos derechos que se han cometido desde abril del 2018 a la fecha, reanudar el dialogo con la comunidad internacional e instaurar la confianza y el respeto a la democracia.

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Los firmantes también agradecieron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el informe pronunciado el pasado 13 de septiembre, donde se señala que el profundo deterioro contra los derechos humanos en el país, continua.

Las naciones que firmaron el documento fueron: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América.

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