Dictadura fabrica delitos contra opositores determina Human Right Watch

La organización defensora de los derechos humanos Human Right Watch (HRW), publicó un informe que denuncia las detenciones abusivas, violaciones al debido proceso y procesamientos arbitrarios que la dictadura de Daniel Ortega ha llevado a cabo en contra de críticos a su régimen.

Según la organización, el ejecutivo sigue sometiendo a sus críticos “a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso”, así mismo, determinan que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios, por lo que ha utilizado un sinnúmero de artimañas inconstitucionales contra disidentes u oposición política.

El gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”, demandó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Lea más de Café con Voz: Organismos internacionales condenan acusación contra Ramírez y más de 30 secuestrados políticos

Para realizar el informe, la organización llevó a cabo entrevistas vía telefónica con 19 ciudadanos y ciudadanas que tienen conocimiento sobre la situación de 28 de las 36 personas críticas a la dictadura familiar Ortega Murillo, encarceladas por delitos fabricados, además, se tomaron en cuenta fuentes oficialistas como los comunicados del Ministerio Público y la policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales y de derechos humanos.

Destacan caso de Sergio Ramírez

Así mismo, destacaron la orden de captura que el Ministerio Público sandinista, giró en contra del premio Cervantes y ex vice presidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, quien ha sido una de las voces críticas al régimen totalitario y quien se vio forzado a huir del país por su inminente secuestro que ejecutaría la policía personal de Ortega.

El Ministerio Público sandinista, giró en contra del premio Cervantes y ex vice presidente de Nicaragua, Sergio Ramírez una orden de captura el pasado siete de septiembre, lo que ha generado una ola de rechazos, condenas y críticas contra la dictadura de la familia Ortega Murillo. Foto/Cortesía

El 7 de septiembre, el Ministerio Público ordenó la detención de Sergio Ramírez, un reconocido escritor y ex vicepresidente de Ortega, quien se ha convertido en un abierto crítico del gobierno actual. Ramírez huyó en junio después de testificar en una de las causas contra opositores políticos y permanece fuera del país”, apunta el documento.

Lea más de Café con Voz: RAE exige levantamiento de medidas contra Sergio Ramírez

Confinamientos constituyen torturas considera ONG

Otro de los temas abordados, fue el confinamiento y las condiciones infrahumanas que carceleros de la dictadura mantienen a los secuestrados políticos en las celdas de Auxilio Judicial mejor conocido como “El Chipote Nuevo”.

Conforme a la información recopilada a través de familiares de detenidos, ratifican las denuncias que estas personas han realizado a través de medios de comunicación, donde describen los sometimientos, condiciones de detención abusivas, incluyendo alimentación insuficiente y tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre, interrogatorios diarios sin presencia de un abogado y, en algunos casos, aislamiento prolongado.

Los familiares de los presos políticos, constataron las condiciones precarias a las cuales son sometidos sus familiares dentro de las celdas de “El Chipote Nuevo”. Foto/Café con Voz

Por lo que precisaron, que el confinamiento solitario prolongado, que se extiende de 15 días consecutivos a más, constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional.

Lea más de Café con Voz: Carcelarios del régimen mantienen en zozobra a familiares de presos políticos

La mayoría de los críticos han sido procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en procesos que no cuentan con las garantías más básicas del debido proceso. Muchos han estado incomunicados durante meses, sin visitas familiares o acceso a sus abogados, a pesar de numerosos recursos presentados ante los tribunales. Las autoridades impidieron a los abogados estar presentes durante las audiencias públicas, asignándoles defensores públicos en su lugar. Durante meses, la mayoría de los abogados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades”, añade el suscrito.

Fiscalía condena por ejercer libertad de expresión

La ONG además de referirse a los secuestrados políticos a partir de mayo, recordó que según las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, señalan que existen más de 104 presos políticos en los sistemas penitenciarios del país, muchos desde el 2018 y bajo condiciones de torturas y hasta agosto, permanecían privadas de la libertad. “Muchos llevan más de un año detenidas y enfrentan condiciones abusivas de detención similares a las documentadas en esta publicación”, apunta el organismo.

Por otro lado, se examinaron las acusaciones formales que enumera las pruebas contra 14 opositores del gobierno, encontrando que en ninguno de los casos, la fiscalía controlada por Ortega, señaló actos que fueran sancionables por las leyes, ya que los opositores políticos encarcelados, no han cometido delitos más que ejercer su derecho de oposición, expresarse y ser críticos al régimen dictatorial.

Las acciones específicas sobre las cuales los fiscales fundamentan estas acusaciones incluyen las siguientes conductas que se encuentran protegidas por el derecho internacional sobre libertad de expresión o asociación:

  • Compartir por WhatsApp una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las reformas electorales necesarias en Nicaragua.
  • Participar en un grupo de WhatsApp con otros opositores del gobierno en el que se intercambiaban “documentos” sobre temas que iban desde la represión del gobierno hasta el incumplimiento de una resolución de la OEA.
  • Dar entrevistas a medios de comunicación independientes en las cuales los detenidos expresaron su apoyo a sanciones contra funcionarios nicaragüenses o exigieron la “aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, que permite la suspensión de Nicaragua de la OEA.
  • Realizar publicaciones en redes sociales describiendo las sanciones contra funcionarios nicaragüenses o compartir una fotografía de una reunión con un alto funcionario del gobierno estadounidense con una leyenda que indica que, durante la reunión, se analizó “la importancia de la unidad en la búsqueda de una salida cívica, pacífica y negociada que garantice reformas electorales y el adelanto de elecciones”.
  • Participar en reuniones con gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, incluidos funcionarios de la OEA y representantes del Parlamento Europeo.
  • Participar en una conferencia virtual para hacer un llamado al pueblo de Nicaragua a “no ejercer el derecho al voto”.
  • Firmar una carta dirigida al presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, en agradecimiento por el apoyo bipartidista para “censura[r] y sanciona[r] a la dictadura de Daniel Ortega”.
  • Utilizar fondos de cooperación internacional con el fin de “crear organizaciones, asociaciones y fundaciones para direccionar fondos, a través de proyectos o programas que se ocupan de cuestiones sensibles, como grupos de diversidad sexual, los derechos de las comunidades indígenas, o a través de marketing político sobre temas como la libertad de expresión o la democracia”.

Lea más de Café con Voz: Represión pone en duda legitimidad de elecciones, dicen 50 países ante la ONU

Ninguno de los presuntos actos mencionados en los documentos del Ministerio Público constituye un delito, dado que están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, indicó Human Rights Watch.

Comparta este artículo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email