Organismos internacionales condenan acusación contra Ramírez y más de 30 secuestrados políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para America Central y República Dominicana (OACNUDH), condenaron la criminalización de opositores políticos como la reciente orden de detención, allanamiento y acusación contra el galardonado escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez.

De igual manera en el comunicado hecho público este nueve de septiembre, se desaprobaron las graves condiciones de detención en las que autoridades mantienen a los más de 30 opositores secuestrados desde mayo 2021, conjunto de acciones que tienen como efecto imposibilitar la participación de la oposición en las próximas elecciones convocadas el siete de noviembre en el país.

El documento detalla que con la información al alcance, se observó que en la mayoría de los casos, el Estado no habría confirmado de manera oficial el paradero de los ciudadanos al momento de sus arbitrarias capturas, impidiéndoles además, tener contacto con sus parientes en un período de hasta más de 80 días y el acceso de un abogado de su elección.

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Particularmente condenamos la detención arbitraria de más de 30 personas desde finales de mayo, entre la que se encuentran, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos y personas precandidatas presidenciales”, detalla la misiva de los organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Acusaciones no respetaron las garantías procesales

La CIDH y la OACNUDH, rechazaron el uso indebido de las acusaciones penales contra los rehenes del régimen Ortega Murillo, para restringir su derecho a participar a participar en los asuntos de interés público y el derecho a la libertad de asociación mediante la fabricación de delitos graves como; el lavado de dinero supuestamente ligado a fondos de cooperación internacional, o “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Según los organismos, tras la información obtenida, se determinó que dichas acusaciones no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, ya que en muchos casos fueron presentadas en audiencias preliminares privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales, en horas de la madrugada y sin presencia de los representantes legales.

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Crece preocupación por torturas psicológicas a mujeres

Así mismo, ambas entidades argumentaron que las graves condiciones carcelarias a las que se enfrentan las personas detenidas, constituyen malos tratos, algo que les causa profunda preocupación debido a los hechos de tortura psicológica durante los interrogatorios, particularmente a las mujeres detenidas “presuntamente perpetrados como represalia a su reconocido rol de lideresas sociales, políticas y de defensoras de derechos humanos”.

Por último, los cuerpos defensores de derechos humanos, exhortaron al Estado de Nicaragua a garantizar el debido proceso, asegurar una defensa adecuada que permita a las personas acusadas un contacto regular con su representante legal y la posibilidad, de participar en la preparación de sus respectivas audiencias con acceso irrestricto a las mismas.

También, la Comisión y la OACNUDH, solicitaron a las autoridades responsables del sometimiento y las torturas contra los disidentes, garantizar un trato digno y el acceso de familiares de las personas bajo su custodia al igual que organismos nacionales de derechos humanos, incluyendo la adecuada atención médica, alimentación nutritiva suficientes, condiciones salubres de detención y visitas regulares.

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Familiares de los reos de conciencia detenidos a partir de mayo 2021, demandaron al Estado de Nicaragua el pasado siete de septiembre, la liberación inmediata y sin restricción de sus parientes. Foto / Café con Voz

Finalmente, la CIDH y OACNUDH instan al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos meses incluidas las 130 personas que fueron privadas de libertad desde el inicio de la crisis en abril de 2018; así como, a garantizar la integridad y seguridad y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos”, añade el documento.

El pasado siete de septiembre, familiares de los reos de conciencia detenidos a partir de mayo 2021, demandaron principalmente al Estado de Nicaragua, la liberación inmediata y sin restricción de estas personas, visitas frecuentes, periódicas en condiciones de privacidad sin acosa a familiares y abogados, al igual que suministrarles comida al menos una vez al día; todo esto luego de denunciar en conferencia de prensa, las condiciones infrahumanas en que custodios de Auxilio Judicial mantienen a sus parientes.

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