El opositor Jasson Salazar Rugama, de 26 años, fue secuestrado por la Policía Sandinista la mañana de este martes 4 de abril a las 8 de la mañana, según informaron plataformas políticas de oposición.

Salazar, integrante del Movimiento Universitario 19 de abril, fue secuestrado en su casa de seguridad, misma que fue allanada.

“La Policía Nacional irrumpió en su casa con un operativo de 20 agentes en su búsqueda, hicieron un allanamiento ilegal de la vivienda, se llevaron pertenencias personales y en una patrulla fue trasladado con destino al Distrito III de Managua, donde hemos confirmado que lo tienen detenido injustamente”, dice el comunicado del Movimiento Universitario 19 de Abril.

Jasson Salazar en una de las conferencias de la Alianza Ciudadana en 2021. Foto: Café con Voz.

“El mes de abril ha sido crucial para los jóvenes nicaragüenses que queremos construir un país en justicia, libertad y democracia. Esta detención ilegal refleja el verdadero sentir de un régimen que teme y en consecuencia persigue a los jóvenes que somos el presente y el futuro de nuestra nación” añadió.

Más secuestros en vísperas de aniversario de la rebelión

Este martes, también la emprendedora Anielka García, de la ciudad de Chichigalpa, Chinandega, fue secuestrada este martes 04 de abril, por la Policía Sandinista, según denunciaron organizaciones de oposición en comunicados.

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Según la información de plataformas opositoras, García fue secuestrada por elaborar y poner a la venta camisetas alusivas al quinto aniversario del estallido social de abril de 2018.

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Según un informe del Mecanismo para el Seguimiento de Personas Presas Políticas, publicado este 5 de abril, se han registrado cuatro excarcelaciones de personas presas políticas durante el mes de marzo. Paralelamente, se agregan a lista tres personas capturadas en años anteriores para un total de 36 personas presas políticas a la fecha.

Durante marzo de 2023 se continuó registrando el patrón de detenciones arbitrarias contra miembros de la Iglesia Católica. Continúa también la práctica violatoria de DDHH de desterrar a las personas detenidas por motivos políticos.

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