El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a cinco familiares de perseguidos políticos, a quienes ha mantenido como rehenes incomunicados desde hace veinte días en las celdas policiales de El Chipote en Managua.

Las acusaciones contra las 13 personas fueron presentadas por el Ministerio Público al servicio de la dictadura ante el titular del juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia Munguía, quien las admitió «por cumplir con los requisitos procesales», según una nota de prensa del Poder Judicial.

Sanarrusia Munguía, uno de los jueces sancionado por Estados Unidos, decretó la prisión preventiva para los 13 acusados, incluido dos a los que se les giró orden de captura y 11 que se encuentran encarcelados desde el mes pasado.

Las nuevas víctimas de la vieja trama

Jeannine Horvilleur Cuadra y su hija Ana Carolina Alvarez Horvilleur, esposa e hija de Javier Álvarez Zamora, fueron secuestradas el 13 de septiembre, después que a éste último lo buscaron en su casa y no lo encontraron. Al día siguiente con su yerno Félix Roiz Sotomayor. 

La dictadura a través del Poder Judicial, giró orden de detención por conspiración contra Álvarez Zamora, de 68 años, un antiguo colaborador y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Asimismo fueron acusados por ambos delitos Freddy Martín Porras García, José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz y Hugo Ramón Rodríguez Flores.

Palacios Ortiz es un jubilado que fue golpeado por simpatizantes sandinistas cuando reclamaba por unas controvertidas reformas a la seguridad social, el 18 de abril de 2018, que originó un estallido social que dejó cientos de muertos, miles de heridos, cientos de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el Ministerio Público acusó a Adolfo Ramón García Ramírez, Gabriel Alfonso López del Carmen, Andrea Margarita del Carmen Ibarra con orden de detención y al exgerente del extinto periódico El Nuevo Diario Arnulfo José Somarriba Aguilar.

Andrea Margarita del Carmen Ibarra era una de las portavoces de la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamado Movimiento Renovador Sandinista.

Según la carátula del asunto judicial 021717-ORM4-2022-PN, el Estado se identifica como víctima de las acciones de sus familiares. La fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas los acusó a los familiares de Javier Álvarez y a Álvarez el pasado 30 de septiembre a las 2:27 de la tarde. La acusación tiene 11 páginas. El proceso está actualmente en trámite ante el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua a cargo del juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía.Grupos de familiares de secuestrados demandan que los muestren a todos

La fiscal Ramírez Olivas es conocida por su labor de persecución contra los medios independientes en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en que amenazó a periodistas con aplicarle la ley de ciberdelitos, luego de acusarlos de publicar noticias falsas en los procesos de interrogatorios.

Unab denuncia embestida represiva

La Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció este lunes una nueva «embestida represiva de la dictadura Ortega Murillo», en referencia al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

«En el mes de septiembre la dictadura Ortega-Murillo desató una nueva acción represiva en contra de la dirigencia territorial y militancia del partido Unamos», señaló la Unidad Nacional, que contabilizó «al menos 12 personas secuestradas de forma arbitraria», incluida 11 de los acusados «por la Fiscalía al servicio de la dictadura» y que se encuentran incomunicados con sus familiares. A los señalados se les endilgan supuestos delitos de menoscabo, a la integridad nacional, conspiración y publicar noticias falsas.

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