Justicia sandinista arranca procesos contra sacerdotes y laicos de Matagalpa

La dictadura sandinista realizó audiencia a siete de las personas que estuvieron bajo secuestro en la Curia de Matagalpa, junto al Obispo de esa Diócesis, Monseñor Rolando Álvarez.
El abogado Yader Morazán dio a conocer en sus redes sociales que fuentes del Poder Judicial, al servicio de la dictadura sandinista, le informaron sobre los procesos.

Entre estos están los padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Díaz; el camarógrafo Sergio Cárdenas, Diácono Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira.

“Después de 18 días en un limbo jurídico y traslado forzado para sacarlos de la jurisdicción que les toca, al fin se les celebró audiencia”, señaló Morazán.

“Audiencia que mal llaman de Garantías de Derechos, dirigida por la nueva jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, y que se hizo de forma clandestina y validada por un grupo «selectivo» de «defensores» públicos” añadió Morazán.

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Según Morazán, la audiencia se llevó a cabo la tarde del lunes 22 de Agosto del 2022, en la sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua (No.6), una vez que se había retirado el personal que se retira a la 1:00pm.

Asimismo, manifestó que la Fiscalía, bajo el control del sandinismo, no argumentó las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación.

“Ni sobre que indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados. ¡Y a a la jueza ni le interesó preguntar!”, detalló.

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Imponen defensa pública

Morazán señaló que la justicia sandinista impuso un defensor público en el caso de los religiosos.

“Por otro lado, la Defensoría Pública en contubernio, es una institución que según su misión y art. 8 de su normativa, deberían de prestar servicio sólo a personas de escasos recursos con ingresos menores a $ 600 USD, prole numerosa, jubilados, y personas con alguna discapacidad”, señala.

Morazan detalló que el nuevo presidente el Tribunal de Apelaciones, el sandinista Ernesto Rodríguez, es quién dirige y llama a la directora de la Defensoría, Clarissa Ibarra, para bajar orientaciones a los defensores que cubrirán las audiencias.

“Lo mismo hace con la asignación del juez de “confianza” que llevará el caso y toda la logística que implica desde manipular el sistema “aleatorio” para la asignación del expediente, como la autorización de eliminar la visibilidad para el público no vea ni el expediente virtual”, señala.

Además, explicó que no hay forma de acceder al expediente en físico, ni obtener información para saber si existe una causa en trámite de determinada persona y menos presentar un escrito pidiendo intervención de ley para ejercer como defensa, ni se diga participar en la audiencia.

“Estamos delante de un Estado que opera como mafia, y se confabula para sustraer a los procesados de su juez natural, mantenerlos en condiciones de desaparición forzada, sin comunicación con sus familiares o abogados, y sin derechos humanitarios o menos del debido proceso”, aseguró.

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