Mafia judicial se burló de padre de Boaco

Una hora después de la audiencia contra el sacerdote de Boaco, Leonardo Urbina, su abogado defensor, Harry Antonio Valle Palacios, renunció a defender al clérigo, luego que se denunciara en redes sociales que el defensor es un fanático de la dictadura sandinista.

El abogado aseguró en la audiencia que el Ministerio Público, al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respeta los derechos y garantías del religioso.

“El honorable Ministerio Público con sus actuaciones están regidas dentro del marco de la ley, se están respetando los derechos y garantías que tiene mi representado, se está respetando el principio de legalidad del debido proceso y el derecho fundamental que es el derecho a la defensa por lo que existe confianza plena en el poder judicial ya que es la institución más importante que garantiza la paz, la justicia, la seguridad jurídica y el estado de derecho en nuestro país”, dijo Valle.

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La abogada Martha Patricia Molina, aseguró a Café con Voz, que no es común que un abogado defensor halague al sistema de justicia de Nicaragua, debido a su falta de credibilidad.

“No se estila que un profesional del derecho halague el trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia, los juzgados o medicina legal. Pero cuando el abogado es parte de la mafia judicial, es normal que se escuche esta adulación”, dijo Molina.

Molina aseguró que tampoco es común que un defensor abandone a su defendido, aunque esto no lo prohíbe la ley.

“No es común que el defensor abandone a su defendido, sin embargo, las leyes penales de Nicaragua no lo prohíben. Sin embargo, el defensor deberá renunciar solo por justa causa a beneficio del defendido”, aseveró.

Poder Judicial pudo haber impuesto a defensor de oficio

Molina cuestionó que el sacerdote no contara con un defensor de confianza y que, según sus consideraciones, el sistema judicial habría impuesto al defensor.

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“Todo acusado o imputado tiene derecho a la defensa y el Estado garantiza la asesoría legal a través de un defensor público a quienes no tengan para sufragar los gastos para un abogado. No creo que sea este el caso, no creo que la Iglesia Católica no tenga para un abogado, sino que es uno impuesto por el Sistema Judicial”, afirmó.

“El acusado tiene derecho a designar un abogado a su elección como defensor. Cuando el imputado está privado de su libertad, cualquier persona de su confianza o miembros de su familia, pueden proponer la designación del defensor que debe ser comunicado al imputado”, añadió Molina.

El pasado 13 de julio, la dictadura sandinista consumó el encarcelamiento del segundo sacerdote de la Iglesia Católica, secuestrando a Monseñor José Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del perpetuo Socorro, de Boaco, la mañana de este miércoles

La dictadura acusa al cura por una supuesta violación, según confirmaron fuentes de a Iglesia Católica al medio de comunicación Confidencial.

La fuente señaló que a las 7:30 am lo llegó a traer la Policía, para una entrevista por una denuncia en su contra por violación, por supuesta violación.

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