La dictadura sandinista, a través del juez local único de Nandaime, Jaime Aguilar, condenó a dos años de prisión y 200 días multa al sacerdote Manuel García, bajo el cargo de amenaza con arma blanca a cinco personas, convirtiéndose en el primer sacerdote privado de libertad a manos del régimen ilegal de Daniel Ortega.

García fue acusado por este delito luego que el 30 de mayo apareció en un video en redes sociales con un machete en la mano desde la Iglesia Jesús Nazareno, en Masaya, donde era párroco.

Las supuestas víctimas por las que es acusado el padre Manuel García y condenado a dos años de prisión son: Derek Santiago Rueda, Manuel Alfredo López Tórrez, Kevin José Espinoza Rueda, Lester Javier Chavarría Miranda y Cristian David Tórrez Romero.

Supuesta víctima no firmó denuncia contra el sacerdote

Esto se da un día después que la supuesta víctima de violencia por parte del religioso, Martha Candelaria Rivas Hernández, fuera eviada a prisión preventiva, luego de ser acusada por la Fiscalía de “falso testimonio”.

La Fiscalía levantó acusación en contra de Rivas, luego que declarara que el cura la golpeó de forma accidental y que no existió violencia, razón por la cual el cura estaba preso.

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Según el acta de la audiencia de anticipo de pruebas del pasado 17 de junio de 2022, Martha Candelaria Rivas, aseguró en la sesión que desde el principio se negó a firmar una acusación que la Policía Sandinista pretendía junto con la Fiscalía.

Rivas Hernández, aseguró el 17 de junio en audiencia de anticipo de pruebas, que no se siente agredida por el sacerdote, razón por la cual, la fiscal Cristhian Katiela Huete Zeledón, presentó un escrito a la judicial María Monterrey, aludiendo al delito de falso testimonio.

“Desde el principio que llegué (a la Dirección de Auxilio Judicial), dije que era accidental y yo me opuse a poner denuncia ya que no me siento agredida, fue accidental y por eso no firmé denuncia alguna”, aseguró Rivas Hernández en la audiencia de anticipo de pruebas.

Rivas Hernández añadió que el sacerdote salió con un machete luego de escuchar dos golpes al templo provenientes de “unos vagos”.

“Habíamos enllavado y escuchamos unos balonazos y el padre salió en defensa, porque pensamos que se iban a meter”, señaló.

Sacerdote pidió disculpas

También aseguró que al día siguiente, el sacerdote le pidió disculpas nuevamente por el golpe y que posteriormente fue a dejarla a ella y a su hija, de quince años, a su casa.

En esa audiencia, la fiscal Cristhain Katiela Huete, preguntó a Rivas Hernández con insistencia sobre el vínculo con el sacerdote.

“Somos amigos íntimos”, respondió Hernández, a lo que la fiscal interrogó: “¿Usted no ha sido pareja del señor Manuel?”, respondiendo Hernández nuevamente: “Amigos íntimos es que yo llegaba a contarle mis cosas. Solo fue una mala interpretación de un mensaje. Él me dijo que el celular era privado y que yo estaba mal interpretando y me dirigí a la puerta para salir”, señala el acta.

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Posteriormente, el sacerdote le fustigó que solo a eso había llegado “a reclamar y a arruinar el momento”. Según la víctima, al momento que levantó los brazos, el sacerdote la golpeó accidentalmente con el candado.

Iglesia Católica guarda silencio

La Iglesia Católica guarda silencio sobre el secuestro del sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús Nazareno de Nandaime, Granada, quien fue detenido el pasado miércoles 1 de junio por la noche.

El cura ha sido víctima de una campaña de difamación por parte de los medios afines a la dictadura, quienes publicaron un vídeo donde el sacerdote sacó un machete y vocifera contra agentes policiales. Además, el régimen lo acusa de agredir físicamente a una mujer.

Según el Diario La Prensa, una fuente cercana expresó que el pasado 1 de junio,el sacerdote, de 57 años, decidió movilizarse a su casa de habitación en Carazo, donde fue secuestrado.

“Agentes de la policía y antimotines rodearon la casa y se lo llevaron con mucha violencia, lo golpearon como si fuera el último criminal. La familia no sabe hasta el momento dónde está”, relató la fuente a La Prensa.

El familiar aseguró que considera que la decisión de secuestrarlo responde a una represalia política, puesto que el sacerdote ha sido crítico a la dictadura sandinista, desde 2018, cuando fue párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol en Diriá, Granada, donde supuestamente “se ganó muchos enemigos”

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