La organización Urnas Abiertas, emitió un comunicado este martes 3 de mayo, en el que alerta de un incremento en el control sobre el proceso electoral y la limitación de la fiscalización ciudadana en el marco de las elecciones municipales de 2022.

El Parlamento, controlado por la dictadura sandinista, emitió este martes una iniciativa de reforma a la Ley Electoral, Ley 331. De acuerdo, a la propuesta se realizarán cambios a nueve artículos  de forma unilateral al igual que en 2021.

Urnas Abiertas alerta que ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente.

“Reiteramos: Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. Las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas, el cese a la represión, levantamiento del estado policial, reformas electorales profundas, observación electoral nacional e internacional, incluyendo la labor de organizaciones de derechos humanos durante el proceso electoral”, señala Urnas Abiertas.  

Dictadura pretende disminuir el tiempo para la presentación de ternas

La reforma Artículo 16 que plantea una reducción de 15 a 5 días para la presentación de ternas a los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, lo que a criterio de Urnas Abiertas, busca evitar la fiscalización ciudadana por la rapidez del proceso.

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“La reforma indica que si los partidos no presentan la terna en el tiempo previsto el Consejo Supremo Electoral podrá nombrarlos de oficio. Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo”, señala Urnas Abiertas.

Reducción de campaña electoral sin justificación

Urnas Abiertas señala que al igual que en 2021, el régimen de Ortega estableció una nueva reducción de 42 a 20 días al período de campaña electoral a través de la reforma al artículo 74, esta vez no se plantea justificación tampoco se brinda información transparente al respecto.

Sin embargo, la experiencia del año anterior estuvo marcada por la denuncia de partidos políticos autodenominados rivales del FSLN, quienes se aquejaron del asedio policial y la denegación de permiso de mítines, caravanas y concentraciones partidarias solicitadas en el marco establecido.

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“La reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular”, señala Urnas Abiertas.

Confirman bajos niveles de participación ciudadana

Por otro lado, la reciente reforma plantea el incremento de personas que pueden estar inscritas a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), esta es una vez más, una decisión sin explicación.

“Desde Urnas Abiertas nos preocupa la manipulación excluyente que le puedan dar al Padrón Electoral, tal como lo hicieron el año pasado, una estimación técnica sugiere que desaparecieron más de un millón de votantes, cifra que a la fecha el CSE no ha sido capaz de explicar”, señala Urnas Abiertas.

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