Dictadura va tras religiosos y propiedades de secuestrados políticos

El Parlamento, al servicio de la dictadura sandinista, aprobó con 77 votos a favor, 11 abstenciones y tres presentes, el informe de trabajo sobre el Análisis de las Normas Jurídicas Aplicables a las personas que cometen delitos de Menoscabo a la Integridad Nacional y crímenes de odio, que busca reformar el Código Penal.

El informe establece adicionar al Artículo 409 in fine al Código Penal:

“Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirireron bienes en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que competen la paz, delitos contra la constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado”, señala el informe, estableciendo confiscación a los próximos secuestrados políticos.

El informe señala que se incrementará la pena de 15 a 20 años de prisión para los secuestrados políticos acusados por la dictadura de Menoscabo a la Integridad Nacional, a través de una reforma al artículo 410 del Código Penal.

Por otro lado, obliga a los citados a la Fiscalía, que  deben guardar silencio y no brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Esto, a raíz de una reforma al artículo 147 del Código Penal.

Sacerdotes y religiosos podrán enfrentar procesos judiciales

El informe señala que las supuestas víctimas entrevistadas aseguraron que las penas deberían ser más severas y demandaron procesos contra religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos.

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“Dijeron (las víctimas) que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando como proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el gobierno”, señala.

La diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, María Auxiliadora Martínez, señaló que supuestamente ha consenso para modificar el Código Penal.

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 “Surgieron inquietudes, observaciones y aportes en procura de mejorar la eficacia de la justicia, la reparación de los daños causados y la no repetición. Dentro de los aportes tenemos que adicionar al artículo 409 del Código Penal, la extinción de dominio, aplicado para los condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de traición a la patria, delito que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos”, dijo Martínez.

Entre las personas que participaron en las consultas, se encuentran funcionarios de la Policía Nacional, fiscales, funcionarios del Poder Judicial y dos supuestas víctimas.

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