La dictadura sandinista elaboró una lista de 1,797 organizaciones, que entregó al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por considerar que realizan lavado de dinero según el informe denominado “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”.

Este informe presentado el lunes por la plataforma Nicaragüense de redes de ONG, Popol Na y Fundación del Río, abarca las las graves violaciones a la Libertad de Asociación entre 2007 y 2020.

“Es decir que el régimen reconoce que bajo su parámetros represivos, hay 208 organizaciones que las considera de alto riesgo, 581 de riesgo moderado y 1,008 de bajo riesgo”, dijo Mónica López Baltodano, de Popol Na.

La abogada ambientalista añadió que como organizaciones, enviarán un informe para demostrar que la dictadura elaboró ese listado, para continuar con sus patrones represivos a las ONG.

“Parte de los compromisos que tenemos es enviar este informe a Gafilat, para hacerle saber que toda la información que les ha referido el Estado en relación a la instrumentalización financiera de estas disposiciones financieras, no han sido para prevenir riesgo, sino para criminalizar la libertad de asociación”, dijo López.

Organizaciones deben agotar instancias

A la vez invitó a las organizaciones de la sociedad civil, a agotar los mecanismos legales nacionales e internacionales.

“Estamos animando a las demás organizaciones que quieran dar el paso de denuncia y que estamos a la disposición para que puedan completar todos los procedimientos”, expresó.

Por su parte, Amaru Ruiz, dirigente de Fundación del Río, instó a las organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica a redefinir sus estrategias de resistencia frente a la dictadura.

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“Todas las organizaciones de Nicaragua deben definir sus estrategias para garantizar que los tejidos territoriales, que es lo fundamental, se sigan manteniendo bajo nuevas estrategias de lucha contra el régimen. Es importante que se agoten todas las vías y que documenten las violaciones a la libertad de asociación”, expuso.

Violaciones a la libertad de Libertad de Asociación

El informe, que abarca las agresiones a ONG entre 2007 y 2022, registra 115 incidentes y 23 confiscaciones.

“Del total de 115 organizaciones agredidas por el Estado, registramos la confiscación de facto y allanamientos a 23 organizaciones de distinto tipo, según se documenta en tabla adjunta. Este dato no incluye los allanamientos ocurridos en las casas particulares de muchas de las personas vinculadas a estas organizaciones y que posteriormente fueron judicializadas por el Ministerio Público”, señala el informe.

El documento detalla que las agresiones no se limitan a cancelación de personerías jurídicas, sino que se extienden a prácticas represivas a las organizaciones que aún conservan sus personerías jurídicas.

“También existe una cantidad indeterminada de organizaciones no gubernamentales a las que arbitrariamente el Ministerio de Gobernación, les ha denegado sus constancias de cumplimiento, certificaciones de representantes legales y junta directiva, obstaculizando su funcionamiento y operatividad en el país”, señalan.

López Baltodano detalló que hay cinco partidos políticos y una cooperativa perseguida, tres medios de prensa confiscados, cincuenta y ocho ONG’S nacionales amenazadas, así como doce ONG’S internacionales y dieciséis asociaciones médicas perseguidas.

De acuerdo al informe, las agresiones a las organizaciones por año se intensificaron en 2018 con 9% y se profundizo en 2021 con un 55% de las agresiones sucedidas en ese año y este 2022 en el segundo mes del año ya se contabiliza el 33%.

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