Dictadura ilegaliza 14 instituciones educativas

Los empleados de la dictadura en el Parlamento, aprobaron con 75 votos a favor, la cancelación de las personerías jurídicas de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Universidad Politécnica de Nicaragua  UPOLI, Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto.

También canceló la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Asociación de fomento creación de Graduados, Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y cuyo rector es Fanor Avendaño Soza, Asociación Popular Nicaragüense (UPONIC) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).

Al igual que en las anteriores cancelaciones, Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, es la empleada de la dictadura que presentó la solicitud de cancelación al sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Según Gobernación, las organizaciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro.

“Estas asociaciones y fundaciones han incumplido y obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, que al efecto lleva el Ministerio de Gobernación, conforme los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la Personalidad Jurídica”, señala la exposición de motivos.

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 “La Junta Directiva se encuentra acéfala al no reportar estas Asociaciones sus Juntas Directivas lo que ha imposibilitado al Ente Regulador, impidiéndole identificar quienes son los representantes y los asociados del organismo, infringiendo las Leyes que regulan a las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro en Nicaragua”, añade.

Más temprano, el Parlamento anuló las Personerías Jurídicas a dos organizaciones no gubernamentales, una de estas, del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy.

Dictadura continúa “pasando la cuenta”

La Universidad Asociación de Estudios Humanísticos (UNEH), propiedad del abogado Fanor Avendaño, un abogado constitucionalista que evitaba criticar a la dictadura sandinista en sus alocuciones.

Café con Voz intentó comunicarse con Avendaño, pero este no respondió a las llamadas telefónicas.

Avendaño, en declaraciones a Despacho 505, aseguró que la medida tomada por la dictadura es injusta.

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“Nos acabamos de enterar de esto, es una suspensión injusta, no la entendemos vamos a averiguar y veremos qué procede”, dijo Avendaño.

La decisión de la dictadura tomó por sorpresa a las autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI y que en este momento hay una sesión de emergencia para evaluar las medidas a implementar, según reveló una fuente al portal de noticias Despacho 505.

En el caso de la Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí y la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), son vinculadas al Obispo Emérito de la diócesis de Estelí, Juan Abelardo Mata, una de las voces católicas más críticas al régimen.

Meza, de sandinista a crítico a la dictadura

Por otro lado, la Universidad Paulo Freire, propiedad de Adrián Meza, señaló en enero de 2022 que el Ministerio Gobernación le extendió una citatoria para responder por todos sus estados financieros correspondientes al año 2020 y para responder “notas aclaratorias” relacionados a sus registros entre 2017 y 2019, haciéndoles cita de la Ley.

“La Universidad Paulo Freire declara que jamás hemos recibido del Departamento de Registro de Asociaciones del Migob ningún comentario, ni glosas escritas, u observaciones a nuestros estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019. Prueba de esto es que precisamente, la Dirección de Registro, nos entregó en tiempo y forma las «Cartas de Cumplimiento» de dichos periodos; lo cual, jamás hubiera ocurrido, si hubiésemos tenido temas financieros que aclarar”, señala un comunicado de esta Alma Máter.

En declaraciones a Nicaragua Investiga, Meza aseguró que no están enfrascados en confrontar al régimen, pero que existe un extremo celo por parte de la dictadura.

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“Nosotros no estamos enfrascados en una situación de confrontación política con el gobierno, la rectoría ha marcado algunas posiciones institucionales que hemos considerado elementales en algunas ocasiones, sobre todo cuando se ha tratado de temas vinculados a derechos humanos, pero realmente el tema político no es nuestro trabajo, sino el educativo”, dijo Meza

Añadió que  el cierre de la Universidad Paulo Friere afectaría a “1,200 estudiantes de grado, unos 400 de posgrados y 500 maestros del sector público militantes de ANDEN que estudian en la universidad”

Meza, otrora sandinista, criticó fuertemente a la dictadura a partir de abril de 2018 y en 2019 rechazó la Ley de Amnistía promovida por la dictadura de Daniel Ortega.

“Los crímenes de lesa humanidad trascienden las fronteras, por eso es de más discutir una amnistía, cuando eso no les va a quitar de las manos a las víctimas su derecho a reclamar justicia a nivel internacional”, señaló en una ocasión.

CNU se pronuncia ante ilegalización

El Consejo Nacional de Universidades, CNU, también al servicio de la dictadura, se pronunció a través de un comunicado, señalando que “garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron las instituciones de educación superior”

Además, se apega al discurso de los diputados sandinistas al señalar que las cinco universidades suspendidas incumplieron con las leyes nicaragüenses.

“(…) como consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas jurídicas por el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas”, señala el CNU en un comunicado.

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