La dictadura sandinista continúa cancelando personerías jurídicas a las organizaciones no gubernamentales. Este miércoles, el Parlamento controlado por el Frente Sandinista, aprobó con 85 votos a favor la ilegalización de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, del artista Luis Enrique Mejía Godoy.

Los empleados de la dictadura de Ortega, también liquidaron a la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, AONIC.

La iniciativa de Decreto Legislativo, fue introducida el 31 de enero de 2022 por el diputado sandinista Filiberto Jacinto Rodríguez, ante la secretaría del Parlamento bajo el mando de la también sandinista Loria Raquel Dixon.

La Asociación de Cantautores Nicaragüenses, ASCAN, aprobada el 5 de mayo de 1993, es una organización liderada por el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, una de las voces más reconocidas del país y tambien de las más críticas a la dictadura durante la rebelión de abril de 2018.

Según la exposición de motivos presentada por Rodríguez, el 31 de enero, Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin fines de lucreo, remitió informe en el que de forma expresa se solicita la cancelación de las personerías jurídicas debido a supuestos incumplimientos por parte de las organizaciones.

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“Han incumplido con la entrega de los informes financieros al departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro, que al efecto lleva el Ministerio de Gobernación, conforme los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les otorgó la personalidad jurídica”, señala el documento.

Juntas directivas acéfala, señala Parlamento

Además expone que la junta directiva se encuentra acéfala, al no reportar sus actualizaciones de juntas directivas.

Al igual que en cancelaciones anteriores, el diputado sandinista asegura que las acciones de las organizaciones violentarlo la Ley 147 (Ley sobre Personas Jurídicas), la Ley 977 (Ley contra el lavado de activos) y el Decreto Ejecutivo Número 15.

“Han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra les expresa, lo que implica que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos que les regulan”, señala el documento.

Además, el decreto aprobado en el Parlamento, contempla el traspaso de los bienes de las organizaciones a la dictadura.

“Los bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley en la materia”, dice el documento.

Espinoza asegura que ONG pidieron ser canceladas

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, reafirmó su apoyo al partido de la dictadura al votar a favor de las cancelaciones de personerías jurídicas.

El diputado del PLC y excandidato a la presidencia en 2021, Walter Espinoza, refirió en el plenario que votarán a favor de la cancelación, porque muchas organizaciones sin fines de lucro “han pedido ilegalizarse al estar inactivas”.

“Nos hemos tomado a la tarea, cada vez que cancelan personerías jurídicas, constatar con las entidades la decisión de solicitar la cancelación y hemos tomado la decisión en este caso, de votar a favor”, expuso el diputado liberal.

“Muchas organizaciones, hoy en día han tomado la decisión de cancelar la respectiva personería jurídica. Muchas organizaciones han estado sin ningún movimiento y solicitan la cancelación porque están inactivas. Para funcionar tienen que estar sujetas a las disposiciones de las autoridades”, dijo Espinoza.

Café con Voz consultó con algunas organizaciones sin fines de lucro que la dictadura suspendió entre 2018 y 2021; y aseguraron que no han solicitado la anulación.

«Nadie ha pedido ser cancelada, eso es mentira, además para cancelar un ONG tenés que cumplir un proceso de cierre que está normado por el MIGOB, sale en su web, hasta donde entiendo. No es necesaria la intervención de diputados», señaló una fuente de las organizaciones canceladas bajo condición de anonimato.

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