La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ACJD, emitió un pronunciamiento en rechazo al inicio de los juicios contra algunos secuestrados políticos, que se realizarán a partir de este primero de febrero, en las instalaciones del complejo Evaristo Vásquez Sánchez, de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como “El Nuevo Chipote”.

“La reactivación de estos procesos se realiza tres meses después de haber sido suspendidos arbitrariamente, con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal”, señala la Alianza Cívica.

La organización opositora, asegura que los procesos penales contra los secuestrados políticos se ejecutaron sin informar la causa o razones, como lo establece la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 33, numeral 2.1

“Posterior a la detención, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales (Ley N ° 1055 y Ley N °1060) y con graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política”, expresa el comunicado.

Alianza Cívica demanda pronta liberación

La ACJD demanda la inmediata liberación de los secuestrados políticos, puesto que estos no han cometido ningún delito, los cargos son infundados y existen obstáculos para acceder a defensa oportuna.

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“(Son) sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos, falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus, falta de acceso, comunicación e información entre las personas detenidas y sus familiares en contravención de la legislación nacional e internacional en la material, incumplimiento de los términos y plazos legales”, añade.

Alianza Cívica señala que procesos judiciales son nulos

La Alianza expone que las ilegalidades de los procesos judiciales significa que estos son nulos.

“Los operadores del sistema judicial han violado de forma flagrante la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, detalla.

Dictadura incumplió acuerdos firmados en 2019

La organización opositora recordó además, que la dictadura ha incumplido los acuerdos firmados en 2019 en la mesa de negociación del segundo diálogo entre la dictadura y organizaciones sociales y empresariales.

Café con Voz: Fiscalía de Ortega “condena” antes de “juicios” a secuestrados políticos

“A tres años de los Acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscrito entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación del régimen, referentes a la liberación de presos políticos, y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas; es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses”, reza el comunicado.

Alianza Cívica continuará exigiendo liberación

El bloque opositor añadió que continuará realizando las gestiones necesarias para lograr la liberación de los secuestrados políticos.

“Así como el fin del asedio e intimidación. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad del pueblo nicaragüense, el respeto a nuestras garantías constitucionales. Queremos paz, seguridad, estabilidad y el respeto a los Derechos Humanos. Nuestro trabajo no se detiene”, concluye.

Café con Voz: Más familiares de secuestrados políticos suscriben pronunciamiento

El Ministerio Público de Nicaragua, dominado por la dictadura sandinista, “condenó” a los secuestrados políticos a la vez que informó que a partir del primero de febrero se realizarán juicios orales y públicos.

“Estos criminales acusados, estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, a Ley 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, señala la publicación de la Fiscalía, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega.

Pese a que no existe sentencia firme, en su comunicado, la institución estatal, “declara culpables” a los acusados de atentar contra los derechos del pueblo nicaragüense.

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