La Unión Europea aplicó hoy sanciones a siete funcionarios y tres entidades gubernamentales debido a su participación en la grave situación de violaciones de derechos humanos a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Los funcionarios sancionados son:
Camila Ortega Murillo:
La Unión Europea señala a Camila Ortega de participar estrechamente en actividades de apoyo de la pareja presidencial, en calidad de asesora presidencial, asistente personal de la vicepresidente y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa.
“Asimismo, es directora de la plataforma Nicaragua Diseña y de la cadena de televisión Canal 13. Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales”, señala la Unión Europea en la explicación de motivos.
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Además señala que como directora de Canal 13, ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica y al mismo tiempo ha limitado la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva.
“Ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismopolítico y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, está asociada con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones”, señala la Unión Europea.
Laureano Facundo Ortega Murillo
La Unión Europea acusa a Laureano de ser el asesor financiero de la dictadura a través de la agencia estatal ProNicaragua y de ser responsable de la explotación de Bancorp.
“Una entidad cuyo principal objetivo es auxiliar, patrocinar y prestar apoyo económico a las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo. Por lo tanto, está asociado con personas responsables de reprimir a la sociedad civil y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones”, señala.
Brenda Rocha Chacón
En la lista figura la presidente del Consejo Supremo Electoral, órgano que señala de ser responsable de avalar las elecciones consideradas como una farsa electoral.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas”, señala.
Cairo Amador Arrieta
Cairo Melvin Amador Arrieta es desde mayo de 2021 el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático.
Lumberto Campbell
La Unión Europea incluyó a Lumberto Campbel Hooker, magistrado reelecto del CSE, por elogiar las elecciones y justificarlas.
“Se dirigió a los medios de comunicación durante las elecciones del 7 de noviembre de 2021 para justificar y elogiar a su organización. Por lo tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, señala.
Nahima Díaz
Nahima Janett Díaz Flores es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador de las telecomunicaciones y los servicios postales.
“TELCOR ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información
desde 2018. Durante la campaña electoral general de 2021, TELCOR puso en marcha varias campañas de desinformación a gran escala. Como institución encargada de ejecutar la “Ley de ciberdelitos”, TELCOR ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”, señala la Unión Europea.
Añade además: “En el ejercicio de su cargo, Nahima Díaz Flores se ha mostrado partidaria del régimen de Ortega y ha dirigido y llevado a cabo actividades de desinformación y vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática a través de TELCOR”.
Luis Ángel Montenegro
Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Siboif, es señalado de ser responsable de la persecución de agentes financieros que se opusieron a las políticas de la dictadura.
“Daniel Ortega le nombró directamente para ese cargo, como premio a su lealtad. En su anterior cargo, como contralor general de la República, veló por que las actividades financieras corruptas de Ortega no fuesen objeto de auditorías y contribuyó de igual modo al control del régimen por parte de Ortega”, añade.
Las instituciones sancionadas son:
Policía Nacional
La Policía Nacional de Nicaragua es responsable de infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas, a quienes se opusieron al régimen de Ortega. Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas.
La intervención de la Policía Nacional resultó determinante para que Daniel Ortega se librara de competir con una verdadera oposición democrática durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Antes de dichas elecciones, la Policía Nacional ejerció una vigilancia y persecución continuas de los líderes de la oposición, allanando moradas ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a miembros de la oposición, y amenazó sistemáticamente a empleados públicos.
En 2018, la Policía Nacional estuvo involucrada en los asesinatos de manifestantes pacíficos en toda Nicaragua.
Consejo Supremo Electoral
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de
transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático.
El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas.
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
Durante la campaña electoral general, TELCOR puso en marcha una campaña de desinformación a gran escala. Como institución encargada de ejecutar la “Ley de ciberdelitos”, TELCOR ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática.