Reino Unido, Canadá y Estados Unidos aplican sanciones a 17 funcionarios y al Ministerio Público

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sancionaron a dieciocho funcionarios y una institución nicaragüense este lunes 15 de noviembre, en el marco del rechazo internacional a la farsa electoral montada por la dictadura de Daniel Ortega el 7 de noviembre.

Reino Unido sancionó a ocho funcionarios, entre ellos, a la vicedictadora Rosario Murillo, mientras que Estados Unidos incluyó en la lista OFAC a 9 funcionarios allegados al régimen y al Ministerio Público.

Los sancionados por Reino Unido son:

  1. Lumberto Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral.

Según la explicación de motivos de Reino Unido, Campbell Hooker es un alto funcionario del Gobierno de Nicaragua. Fue exvicepresidente y posteriormente presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y sigue siendo magistrado de esa organización. 

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“Hay motivos razonables para sospechar que en estos roles ha reprimido elecciones libres y justas durante las protestas cívicas de 2018, ha mostrado su partidismo hacia el régimen de Ortega mientras se desempeñaba como alto funcionario en el Consejo Supremo Electoral y desempeñado un papel activo en la disolución de los partidos de oposición”, dice el comunicado.

  1. Fidel de Jesús Domínguez, comisionado de la Policía Nacional en León.

Reino Unido acusa a Domínguez de socavar la democracia y promover la represión, violando los derechos humanos.

“Es responsable de socavar la democracia y el estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y las violaciones de derechos humanos dentro de la ciudad de León”, dice el comunicado.

  1. Ana Julia Guido, Fiscal General de la República.

El Reino Unido acusa a Guido de reprimir a través de la Fiscalía a opositores, candidatos presidenciales, organizaciones y periodistas.

“Existen motivos razonables para sospechar que en su función de Fiscal General se ha involucrado activamente en socavar la independencia y competencia del Ministerio Público; reprimir a candidatos políticos, organizaciones no gubernamentales y periodistas; y restringir el acceso a juicios libres y justos, a no ser objeto de arrestos y detenciones arbitrarios, a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y el derecho de todas las personas en Nicaragua a los derechos humanos independientemente de sus opiniones políticas”, señala el comunicado.

  1. Fidel Antonio Moreno, testaferro y secretario de la Comuna capitalina.

“También es el Secretario de Organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Hay motivos razonables para sospechar que, en su función de Secretario General, es responsable de socavar la democracia y el estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos”, detalla el documento.

  1. Rosario Murillo

Reino Unido señala a Murillo de tener pleno conocimiento de las medidas represivas en calidad de vicepresidente y de utilizar a la Juventud Sandinista como brazo represor. 

“… y el descrédito de los periodistas independientes y la exclusión de candidatos del proceso electoral. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y el estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos”, señala Reino Unido.

  1. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

El comunicado señala a Porras de permitir, presentar y votar a favor de leyes que socavan la democracia, violan los derechos humanos y reprimen a la sociedad civil.

  1. Alba Luz Ramos, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Según Reino Unido, hay motivos razonables para sospechar que en su función de presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha socavado la independencia del poder judicial, negando a los acusados en los tribunales un juicio libre y justo y permitiendo y alentando activamente el trato cruel, degradante e inhumano. de los acusados.

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  1. Juan Valle Valle, director de Tránsito Nacional.

Reino Unido señala a Valle de ser responsable de violaciones de derechos humanos contra civiles durante las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. El Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, del cual Valle Valle es Jefe, ha restringido reiteradamente la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses en Managua. 

Valle Valle fue responsable del hostigamiento policial contra personas refugiadas en el centro comercial Metrocentro de Managua en 2019.

Sanciones son por “socavamiento a la democracia”

El comunicado de Reino Unido señala que las sanciones fueron aplicadas por el continuo socavamiento de la democracia, luego de la farsa electoral del 7 de noviembre.

“El Reglamento de Nicaragua (Sanciones) (Salida de la UE) 2020 (SI 2020/610) se hizo en virtud de la Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero 2018 (la Ley de Sanciones) y prevé el congelamiento de fondos y recursos económicos de ciertas personas, entidades o organismos responsables de violaciones y abusos de derechos humanos, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, o el socavamiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”, señala el comunicado de Reino Unido.

Estados Unidos sanciona a la Fiscalía

Previo al anuncio de Reino Unido, Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios y al Ministerio Público, luego de haber entrado en vigor la  Ley Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer)

El Departamento del Tesoro incluyó en la Lista OFAC a:

Luis Ángel Montenegro, ex contralor de la República y presidente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras Siboif. Montenegro con su actuar pasivo en la Contraloría, se convirtió en cómplice y apañador de la monumental corrupción de los Ortega y Murillo, y sus acompañantes.

Mohamed Farrara Lashtar, hijo del dictador Muhamar Gadafi y embajador de Nicaragua en el Reino Hachemita de Jordania en calidad de concurrente con sede en la Ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait.

Salvador Mansell Castrillo, presidente de Enatrel.

José Antonio Castañeda Méndez, Presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Licenciado en Economía, graduado en la Unión Soviética, en la Universidad Nacional de Economía de Kiev.  Fue nombrado Presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el día 15 de agosto de 2017.

Léonidas Centeno Rivera,  alcalde de Jinotega.

José Adrián Chavarría, directivo suplente del Banco de Fomento a la Producción.

Rodolfo López, gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua.

Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí.

Sadrach Zeledón, Alcalde de Matagalpa.

Ministerio Público de Nicaragua.

Canadá se suma a las sanciones

Canadá se sumó este lunes a los países que sancionaron a funcionarios orteguistas por violaciones a los derechos humanos y socavamiento a la democracia.

Canadá sancionó a los mismos funcionarios que Reino Unido e incluyó al asesor presidencial en temas económicos Bayardo Arce Castaño.

Según un comunicado del gobierno canadiense, las sanciones tienen efecto inmediato.

Estos son los funcionarios sancionados por Canadá:

  • Alba Luz RAMOS Vanegas
  • Bayardo ARCE Castaño
  • Luis Angel MONTENEGRO Espinoza
  • Mohamed LASHTAR
  • Sadrach ZELEDÓN Rocha
  • Leonidas Nicolás CENTENO Rivera
  • Francisco Ramón VALENZUELA Blandon
  • José Adrián CHAVARRÍA Montenegro
  • Rodolfo Francisco LÓPEZ Guitiérrez
  • José Antonio CASTAÑEDA Méndez
  • Salvador MANSELL Castrillo

“El Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Nicaragua) impone a las personas incluidas en la lista la prohibición de cualquier transacción (en la práctica, una congelación de activos) al prohibir que las personas en Canadá y los canadienses fuera del Canadá participen en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de esas personas incluidas en la lista o les presten servicios financieros o conexos. Las personas enumeradas en el anexo de los reglamentos también se vuelven inadmisibles para Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados”, señala el comunicado del gobierno de Canadá.

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