El ambientalista y director de la Fundación del Río, Amaru Ruíz, denunció ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más la acusación que el Ministerio Público Sandinista interpuso en su contra el pasado ocho de septiembre, por supuestamente haber brindado información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados.
Así mismo, Ruíz afirmó que la denuncia también se realizará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas, ya que la policía de la familia Ortega Murillo y la Fiscalía sandinista están utilizando la Ley 1042 y el artículo 30, Ley Especial de Ciberdelito, para criminalizar su trabajo como defensor de los derechos de las comunidades indígenas y ambientales.
El colectivo defensor de los derechos humanos, aseguró que la dictadura intenta acallar las voces de quienes defienden a las etnias indígenas que son víctimas de amenazas y masacres por parte de colonos apañados por la policía y el ejército.
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Denuncio la violación y criminalización a mi labor como de defensor de derechos humanos (…) los antecedentes inmediatos de esta acusación y la orden de captura solo representan una actuación más del régimen para acallar nuestra voz y el trabajo que venimos haciendo desde la Fundación del Río. Hemos sido vigilados y muestra labor cuestionada. Nos han cancelado nuestra personería jurídica y salí al exilio por el alto riesgo contra mi integridad física», delató el ambientalista
Fiscalía le acusa por defender derechos de comunidades indígenas
El defensor de derechos humanos manifestó que la acusación del régimen se basa en la denuncia que este habría hecho tras la masacre en la comunidad de Alal en enero 2020 y la denuncia de otra masacre de indígenas en el cerro Kiwakumbaih en la Costa Caribe Norte de Nicaragua en el 2021.
El pasado miércoles ocho de septiembre, el Ministerio Público Sandinista en uno de sus populares comunicados sobre delitos fabricados, anunció la orden de captura que se habría girado en contra de Ruíz por supuestamente violar la «Ley Especial de Ciberdelito» conocida como Ley Mordaza.
La fiscalía sostuvo que el acusado expresó que «el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos», lo cual, agregó el Ministerio Público, «es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020».
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Henrry Morales es el juez orteguista que lleva el caso del ambientalista y le acusa de haber cometido delitos informáticos relacionado con el contenido de los datos.