CIDH solicita a Corte IDH ampliar medidas provisionales a Miskitus

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), solicitó ante la Corte IDH el pasado 17 de septiembre, ampliar medidas provisionales a favor de pobladoras y pobladores de determinadas comunidades del pueblo indígena Miskitu, por los “graves hechos de violencia” que han orquestados colonos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas y ataques a sus pobladores, son los eventos de etnocidio que la Comisión ha enumerado en la iniciativa llevada ante las autoridades.

Especialmente se remarcó la inclusión de la comunidad de Santa Fe, debido a las amenazas de muerte a algunas personas, el reciente asesinato de un integrante de la comunidad, y fuertes indicios de la presencia de terceros armados que buscan apropiarse de las tierras comunitarias.

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Creación de una comisión especial con acceso a los territorios

Ante la persistencia de un contexto de severa conflictividad aún no abordado efectivamente por parte del Estado, la CIDH considera que hechos tan graves como los informados podrían volver a ocurrir en la Comunidad de Santa Fe, incluyendo la destrucción acelerada de sus fuentes de subsistencia, así como la afectación irreparable a su identidad cultural como resultado del abandono de sus territorios ancestrales y la pérdida de vida comunitaria” examina el suscrito.

La solicitud pide a la Corte IDH, ordenar al Estado de Nicaragua controlado por la dictadura familiar de Ortega, “proteger y garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor los miembros de la Comunidad de Santa Fe”, al igual que permitir el ingreso de una delegación de las Corte y Comisión interamericanas para monitorear en terreno la implementación de estas medidas provisionales de forma a contribuir con que la situación de riesgo extremo, que se ha ido agudizando en el tiempo, desaparezca.

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Medidas quedan en papel, dice líder territorial

Segun un líder territorial de Li Aubra, el Estado ha negado la justicia a los pueblos indígenas y ha desligado de cualquier responsabilidad a los colonos, debido a los informes sobre las masacres cometidas contra los pueblos indígenas, donde la policía de la familia Ortega Murillo, en lugar de detener a los responsables de las masacres, ha apresado a guarda bosques que denunciaban constantemente las matanzas contra las comunidades.

En el caso de la ampliación de las medidas cautelares que la CIDH solicitó ante la Corte, son muy importantes, sin embargo hay que reconocer que en este país han estado pasando todo estos estragos aún teniendo medidas provisionales y cautelares” expresó en entrevista a Café con Voz el lieder comunitario .

Al menos 16 personas fueron asesinadas y torturadas por colonos armados el pasado 23 de agosto en la comunidad de KiwaKumbaih, territorio de Musawas. Foto/Cortesía

Quién a su vez señaló, que existe una manipulación por parte de la dictadura en mostrar una imagen pacífica y serena de los territorios. “Lo que han hecho es manipular las cosas y le toman foto a algún ambiente cotidiano que ven de la comunidad, toman esos insumos y arman sus informes para mentirle a la Corte Interamericana y hacer creer que las cosas están bien”, dijo nuestra fuente de las comunidades indígenas.

No obstante, argumentó que las medidas cautelares o de cualquier tipo de protección a nivel internacional, “quedan en papel”, ya que la dictadura no acata ninguna norma internacional que garantice el respeto a los derechos humanos en el país.

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Cabe destacar que el líder comunitario fue entrevistado bajo anonimato por temor a represalias, denunciando que la policía del régimen a iniciado en su contra, labores de hostigamiento, amenaza y persecución por denunciar la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas.

El pasado 23 de agosto, al menos 13 ciudadanos en la comunidad de KiwaKumbaih, territorio de Musawas, en la RACCN, fueron asesinados por colonos armados.

Por otro lado el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), informó tras la denuncia sobre el acontecimiento, que dos mujeres fueron violadas y asesinadas junto a una decena de indígenas más, contabilizando aproximadamente 16 comunitarios masacrados.

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