Murillo flamígera contra periodistas independientes

La vocera del régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo, a través de sus acostumbrados monólogos en sus medios de propaganda, amenazó a los periodistas independientes con cárcel por cometer “terrorismo de la comunicación” y cumplir con “agendas imperialistas”.

El régimen de Daniel Ortega nuevamente arremetió contra la prensa independiente de Nicaragua, tras expresar por medio de su vocera, la vicedictadora Rosario Murillo, que no permitirán que “los terroristas de la comunicación” a como llamó a los periodistas; siembre la cultura de odio.

Murillo arremetió de esa forma, a la vez que su régimen ordenó a investigación de todos los periodistas que han sido beneficiarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que era dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial bajo casa por cárcel, por la investigación en el supuesto delito de lavado de dinero por medio de la oenegé.

Según el régimen de Ortega, los periodistas recibieron fondos de la FVBCh para ser parte de un intento de golpe de Estado en su contra y por eso han sido citados a declarar al Ministerio Público sandinista, a algunos comunicadores se les ha restringido la salida del país.

El régimen Ortega y Murillo se ha declarado en guerra ante un supuesto nuevo intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos y países europeos y dijeron que no van a permitir la “intromisión extranjera” en los asuntos internos, además de proponerse “independizar a Nicaragua” por segunda vez.

Amargada, visceral y amenazante

Asimismo, dijo que los periodistas cumplen la agenda de potencias extranjeras y advirtió que no permitirán que se siga informando bajo una supuesta cultura de odio. “Los chachalacos, parlanchines urracas se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación, las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacio de intimidación y destrucción de la tranquilidad, espacios de destrucción masiva”, refirió.

La vicedictadora dijo que los periodistas no tienen inmunidad y dejó claro que la justicia se aplicará en los que “siembren cizaña”.

El régimen de Ortega y Murillo aprobó en noviembre de 2020 la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Putin, misma que silencia a las voces que sean denominadas por la dictadura como promotores de odio y a quienes difundan “noticias falsas”.

Esa Ley impone penas desde cuatro a 10 años para quienes el régimen determine que ha difundido información falsa.

“Los chachalacos, las urracas parlanchinas todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente, que calidad humana la que muestran las chachalacas, las urracas parlanchinas, si no es una cosa es otra, pero siempre están instalando queriendo instalar temor (…) esa cultura de odio no puede penetrar en países como el nuestro porque somos de fe de solidaridad esa cultura de odio hay que decirle va para atrás”, agregó.

Asimismo, dijo que con el tiempo, las voces críticas se irán apagando en los “miserables” que proliferan voces de malignidad. Su verborrea hepática procura hacer a un lado que los periodistas nicaragüenses independientes han seguido dando la batalla desde dentro y desde fuera del país, algo que la amarga enormemente, ya que su maquinaria propagandística, no ha logrado que los nicaragüenses compren su discurso de país bonito y feliz.

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Periodistas salen del país ante arremetida de Ortega

Luego del inicio de la arremetida de Ortega en contra de la prensa independiente, varios periodistas han decidido abandonar a Nicaragua forzosamente, pues sostienen que probablemente se arresten a varios comunicadores independientes, a como ya ha pasado con Miguel Mendoza y Miguel Mora, dos presos políticos y que también son periodistas.

En esta semana se destacó el exilio forzado de los periodistas Julio López del programa radial Onda Local, Sergio Marín del programa La Mesa Redonda y el director de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro.

Asimismo, se conoce de otros comunicadores que han mantenido bajo perfil su salida de Nicaragua, por seguridad de sus familias.

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