EE.UU. aplica más sanciones a dictadura Ortega-Murillo

El gobierno de Estados Unidos, bajo administración del presidente demócrata Joe Biden, anunció este 9 de junio una nueva serie de sanciones contra funcionarios y familiares del núcleo dictatorial Ortega-Murillo. Las nuevas sanciones son contra Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo; al jefe de la bancada sandinista, diputado Edwin Castro; el presidente del Banco Central Ovidio Reyes, y al general del Ejército de Nicaragua Julio Rodríguez Balladares, jefe del Estado Mayor.

Un comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que los sancionados son en base a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que identifica a países, personas naturales y funcionarios vinculados a terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

“Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y hundiendo al país en la tiranía”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la supresión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, sentenció la alta funcionaria.

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Camila, mano derecha de Murillo

Camila Antonia Ortega Murillo, hija de la pareja presidencia, fue designada por ser funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como tal en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. “Camila Ortega es una asesora clave del Presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, así como la coordinadora de la Comisión de Economía Creativa”.   

Desde 2011, Camila Ortega dirige el canal de televisión Canal 13.  Este medio de comunicación familiar, señaló el Tesoro , difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza el gasto estatal y las leyes fiscales para promover las emisoras familiares y exprimir a los medios independientes.

Camila Ortega Murillo
Camila Ortega Murillo, sancionada.

Advertencia al Ejército Sandinista

El general Julio Modesto Rodríguez Balladares, según el Tesoro, “prestó apoyo a la policía y a los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes atacándolos, lo que provocó más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos”.   

Rodríguez es también el director ejecutivo del Instituto Previsional Social Militar (IPSM), el fondo de inversión pública del Ejército de Nicaragua. “La designación de hoy sólo se aplica a Rodríguez; el IPSM no ha sido designado”, aclaró la OFAC. 

Ovidio Reyes, ejecutor del “vamos con todo”

El Tesoro estadounidense asegura que, como presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes codirige la aplicación de la nueva Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, “que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con las personas designadas en Nicaragua a riesgo de facilitar transacciones sancionables”.   

“Las instituciones financieras de Nicaragua que se nieguen a cumplir con la ley pueden ser objeto de acciones punitivas por parte del BCN y la Superintendencia de Bancos, alineados con el régimen, ejecutores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía nicaragüense.  La designación de hoy sólo se aplica a Reyes; y el BCN no ha sido designado”, aclaró la OFAC. 

Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, sancionado.

Edwin Castro leguleyo de Ortega en la “chanchera”

Edwin Castro es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales.  El 4 de mayo de 2021, el Parlamento aprobó “polémicas reformas a la ley electoral”.   

“Las reformas no incorporaron la resolución de la Organización de Estados Americanos de octubre de 2020 que pedía las reformas electorales necesarias para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021”, argumentó el Tesoro. 

Edwin Castro, diputado FSLN, sancionado.

Según la Administración Biden, las reformas “institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en las próximas elecciones y no prevén ninguna disposición para la observación electoral internacional”.   

La Asamblea Nacional también nombró nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de los cuales son leales al régimen que ya han reforzado el control del Consejo sobre el proceso electoral. 

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