El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó que la dictadura de Daniel Ortega habría retrocedido con la normativa que obligaba a los bancos a reabrir las cuentas de los sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Según Aguerri, aunque esa presión existe en la reformada Ley de defensa a los consumidores, que posteriormente la normativa publicada esta semana regulaba, la presión ante las consecuencias de esa medida habría logrado que la dictadura desistiera de la misma.

Aguerri publicó en sus redes sociales que «ante la presión interna y externa, las autoridades tuvieron que retroceder lo que hicieron en la ley vía normativa» aprobada y publicada esta semana por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), lo que implica que a los bancos se les mantiene su potestad de decidir a quiénes se les abre o cancela las cuentas bancarias en base a sus propias normas de vigilancia.

«Los bancos podrán seguir aplicando sus propias normativas y políticas para manejar el riesgo y poder cancelar o no abrir relaciones. La potestad que le quitaron a los bancos vía ley se la devuelven vía reglamento», aseguró el expresidente del Cosep.

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El empresario y político opositor celebró que «afortunadamente la presión les hizo entender» a la dictadura «lo que se estaba poniendo en riesgo», como es que el sistema financiero nicaragüense quedase aislado del sistema internacional, porque sería considerado que violaría los controles sobre el lavado de dinero al hacer negocios con personas acusadas de corruptas, como lo están 27 funcionarios del régimen sandinista por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido.

A pesar del retroceso con la normativa, la Ley reformada se mantiene «por lo que la amenaza sigue vigente», dijo Aguerri.

«Hoy por diferentes razones tuvieron que retroceder, pero siempre pueden derogar esta normativa y volver al punto de origen de la ley.

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El expresidente del Cosep también explicó que sobre propuesta de reforma de la Ley contra el Lavado de Activos, en donde se incorpora al Ejército a la Comisión Nacional Antilavado, «este es un tema que no es militar y lo que hacen es continuar militarizando este tipo de temas».

«En todo caso en el resto de la región estas estructuras no incorporan al ejército. Y por el otro lado lo que correspondería es incluir a reguladores en la materia. En otros países un ejemplo de este tipo de reguladores son los Colegios de Contadores Públicos», dijo.

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