La dictadura está terminando los trabajos de confiscación del edificio donde operaba la Fundación Popol Na, a la que el 13 de diciembre del 2018 le fue cancelara su personería jurídica y paramilitares y policías se tomaron sus instalaciones.

En el edificio de la fundación para la promoción y el desarrollo municipal, varios trabajadores de la Alcaldía pintan las paredes, hacen remoción del mobiliario y hay varios camiones de volquetes que recogen basura resguardados por varios agentes antimotines. Esta ONG que surgió en 1990, pertenece a Mónica Baltodano, una fuerte crítica del régimen, quien en enero de 2019 introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad por la toma de su local.

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En las instalaciones de Confidencial y Esta Semana, del periodista Carlos Fernando Chamorro, la dictadura inauguró una casa materna usando incluso los muebles robados al medio de comunicación. En ese lugar había 35 computadoras, siete cámaras de televisión, estudios y equipos periodísticos.

También el edificio de 100 % noticias ha sido usado para un supuesto centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción. El asalto y robo a ese medio de comunicación se dio el 21 de diciembre del 2018 cuando los periodistas Miguel Mora y Lucia pineda, fueron arrestados y pasaron ilegalmente en la cárcel por varios meses.

A pesar de que el artículo 44 de la Constitución Política, establece que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes, la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, se apropiaron de estos bienes y propiedades.

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Sobre estas confiscaciones, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) Pablo Abreu, afirmó que “el encierre, robo de las instalaciones, del mobiliario”, de los diferentes organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, “es el símbolo perfecto de la farsa del régimen autoritario en Nicaragua: es la acción desesperada típica de una dictadura arrinconada”.

El Ministerio de Salud ha ocupado también las instalaciones de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para Desarrollo (Ipade) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

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