Las voces de diversos actores mundiales, se han alzado desde que el fin de semana se conoció el embargo de las instalaciones del Canal 12 de televisión nacional, producto de un “arbitrario reparo” de 21 millones de córdobas, impuesto por el régimen de Daniel Ortega a través de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a través de sus redes sociales, el embargo contra Canal 12 y el reparo contra 100%Noticias, afirmando que se trata de “un claro intento de silenciar a los únicos dos medios independientes de TV abierta que aún funcionan en el país”.

El subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, también se pronunció.

Lo mismo hizo en esa red social el relator Especial de la Libertad de Prensa de la CIDH, Edison Lanza.

Los bienes que fueron embargados por el Juez Tercero de Embargos y Ejecuciones de Managua, Luden Quiróz García, son: las instalaciones del Canal 12, los vehículos del medio de comunicación, cuentas bancarias y hasta la casa de su propietario Mariano Valle. Esto debido a que la DGI alega que el Canal 12 estaría debiendo una reparación de 21 millones de córdobas del Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011, 2012 y 2013.

“El juez embargó, además, la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters”, citó el comunicado oficial de Nicavisión Canal 12.

Empresas preocupadas a lo interno

Las empresas del país aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), mostraron preocupación por lo ocurrido en Canal 12, pues se trata de una acción no solo en contra del medio de comunicación, sino contra las libertades públicas en general. «Es una nueva forma de presión, represalias y persecución contra los medios de comunicación independientes…Y una nueva forma de confiscación y control de los medios, propio de los gobiernos totalitarios», señaló la gremial.

Mientras la Alianza Cívica, se declaró en «alerta nacional» ante la escalada de represión en el país de parte de la dictadura y del método de terrorismo fiscal usado, para presionar y chantajear a los empresarios y sectores de la oposición.

Más pronunciamientos

También la organización internacional Reporteros Sin Frontera expresó su condena el embargo.

En la misma dirección se expresó el director para las Américas de Human Right Watch, José Migel Vivanco. “En el pasado la dictadura encarceló y amenazó a periodistas y directores de medios independientes hasta obligarlos a exiliarse y les confiscaron su propiedad. Ahora Ortega-Murillo usa investigaciones fiscales infundadas para amedrentar a los pocos medios que quedan en el país”, señaló Vivanco.

La excongresista Ileana Ros Lehtinen, autora de la Nica Act, expresó en sus redes que ante falta de apoyo ciudadano en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo, continúa con sus tácticas desesperadas de intimidar a quienes se le opongan.

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