Tras publicarse que las operadoras de televisión por suscripción en Nicaragua aún sostenían en su parrilla de ofertas el canal de Difuso Comunicaciones, este 29 de julio se confirmó que al menos temporalmente, se ha retirado la señal de la empresa sancionada en dos de las compañías más grande del país.
En un monitoreo de Café con Voz, se confirmó que desde el 28 de julio ya no se transmite la señal de Difuso en el canal 22 de una de las compañías, y en otra de las empresas de TV por suscripción también salió del aire desde la medianoche de ayer.
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Golpe al vástago sancionado
Difuso Comunicaciones es una de las empresas sucias del vástago sancionado de la dictadura, Juan Carlos Ortega Murillo, señalado por Estados Unidos como corrupto al enriquecerse del erario mediante oscuros contratos de publicidad de las empresas del estado a sus negocios creados al amparo del régimen de sus padres, el dictador Daniel Ortega y la vicedictadora y también sancionada por corrupción y violación de derechos humanos, Rosario Murillo Zambrana.
Pese a las sanciones dictadas el pasado 17 de julio por Estados Unidos, el estatal Instituto de Comunicaciones y Correos de Nicaragua, Telcor, no había autorizado a las empresas internacionales de televisión por cable que operan en Nicaragua retirar de su oferta de transmisión el canal.
Nahima Janet Diaz Flores, hija del sancionado primer comisionado Francisco Díaz, director de la también sancionada Policía sandinista, es la nueva directora de Telcor.
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Propaganda y publicidad
Difuso se dedicaba a transmitir conciertos de rock, enlatados de la televisión estadounidense, series de poco impacto y mucha propaganda de la dictadura y publicidad estatal.
El Departamento del Tesoro informó que Ortega Murillo, junto con José Jorge Mojica, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al igual que dos empresas, Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, a las que acusó de ser utilizadas para distribuir propaganda y lavar dinero.
Juan Carlos se une así a sus hermanos Rafael y Laureano y a su madre, que también están en la lista negra. Desde abril de 2018, protegido por policías sandinistas, se ha dedicado a amenazar de muerte a opositores y políticos adversos a la dictadura de sus padres.