La Unión Europea decidió sancionar a seis funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos director y sub director de la Policía.

Francisco Díaz y Ramón Avellán,al igual que la ex ministra de Salud Sonia Castro, el oscuro asesor de Ortega, Nestor Moncada Lau, el torturador de El Chipote, Luis Pérez y el jefe de los escuadrones de antimotines Justo Pastor Urbina, son los primeros sancionados por la UE.

Una declaración del alto representante, Josep Borrell, emitido en nombre de la Unión Europea sobre Nicaragua, el 4 de mayo de 2020 indica que:

En los últimos meses, no se han logrado avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos en Nicaragua. La represión ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado.

A la luz de esta situación, el Consejo de la UE decidió hoy incluir a seis personas en la lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas, a saber, la prohibición de viajar y la inmovilización de fondos y recursos económicos. Estas medidas están dirigidas específicamente a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no están diseñadas para dañar a la población nicaragüense.

Estas medidas son coherentes con la posición establecida de la UE y su disposición a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua. Esta posición quedó claramente definida en el marco jurídico de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019.

La UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición. Hay tres ámbitos principales donde es necesario trabajar para lograr un progreso tangible:

  • La aplicación plena de los Acuerdos del 29 de marzo de 2019 para reforzar los derechos y las garantías civiles y políticas, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes. Esto implica asimismo, retirar los cargos en su contra, poner fin al acoso y la intimidación de los presos políticos liberados y de sus familias, y garantizar su seguridad y su integridad física.
  • El regreso a Nicaragua de los organismos internacionales para los derechos humanos y la cooperación plena con ellos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

    -Tercero, un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los grupos de oposición, incluida la Coalición Nacional, destinado a garantizar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. En este sentido, consideramos que las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas y constituyen un importante marco de referencia. Esas recomendaciones incluyen reformas como: el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral y organismos electorales relacionados, el registro de votantes, la publicación y tabulación de resultados o la acreditación de observadores nacionales e internacionales, entre otros.

    La UE recuerda que la pandemia del COVID 19 refuerza la necesidad de cooperación internacional; y que la UE está dispuesta a ayudar a Nicaragua en estos tiempos difíciles. En este período desafiante, el respeto de los derechos humanos no debe olvidarse y debe estar en el centro de cualquier acción.

    La UE reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense, incluyendo el fortalecimiento del estado de derecho y el desarrollo económico y social de los más vulnerables”.

    Los seis funcionarios ya habían sido sancionados por Estados por violacion de derechos humanos y corrupción.

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