El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez amenazó con perseguir ante la justicia sandinista a las personas jurídicas y a las organizaciones no gubernamentales del país que han cesado sus funciones debido a la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como Ley Putin.

“Las personas jurídicas no se extinguen porque salís diciendo en un medio de comunicación, cerramos. Quiero ver si es cierto que ya van a dejar de existir. Que soliciten su disolución. No es suficiente decir cerramos, cancelamos nuestras operaciones. Tienen que venir (a la Asamblea Nacional) a poner su solicitud de disolución y ahí es donde la Asamblea Nacional que fue la que les dio vida jurídica, es la que les puede cancelar la vida jurídica. De otra forma siguen vivos y siguen vigentes y tienen responsabilidad de acatar la Ley reguladora de Agentes Extranjeros”, expresó en el oficialista Canal 4.

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El pasado cinco de febrero, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), decidió suspender sus operaciones para “no someterse” a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el año pasado por la dictadura. La fundación ha trabajado, por más de 20 años en la promoción de la libertad de expresión, acceso a la información pública y libertad de prensa en Nicaragua.

En esa ocasión, Cristiana Chamorro, expresidenta y fundadora de la FVBCH, dijo que Nicaragua está “de luto cívico”, y señaló que declararse como “agente extranjero” es “renunciar a nuestra ciudadanía nicaragüense”.

Por su parte, el grupo cívico Ética y Transparencia (EyT) anunció que para seguir funcionando y no declararse una organización de agentes extranjeros, no aceptarán cooperación financiera internacional.

La normativa de la ley establece multas de hasta medio millón de dólares para los organismos que no cumplan con los requisitos establecidos, persecución judicial y cierre de locales.

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Sin embargo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha denunciado que ha recurrido incontables veces al Ministerio de Gobernación para registrarse, pero las autoridades les impiden extenderles los certificados pidiendo una y otra vez nuevos requisitos.

Por su parte, el PEN Nicaragua que aglutina a escritores y periodistas del país, también suspendió indefinidamente sus labores. Varios analistas estiman que la Ley de Agentes Extranjeros, viola al menos al menos 17 artículos de la Constitución.

Dicha ley lo que pretende es acallar a organismos que han denunciado las recurrentes violaciones de derechos humanos. Varias organizaciones civiles como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM, feminista) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) han presentado recursos de amparo contra la ley ante la Corte Suprema de Justicia, pero no han recibido respuesta.

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