La dictadura de Nicaragua comenzó este lunes la construcción de un centro de salud en las instalaciones que pertenecían al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), la renombrada escuela de negocios expropiada por el régimen hace poco más de un año.
La primera etapa de la obra coincide con el cumpleaños número 79 del tirano Ortega, y la dictadura ha enfatizado el simbolismo de inaugurar esta iniciativa como parte de su aparente compromiso en temas de salud, en medio de una serie de confiscaciones de bienes educativos.
La confiscación de la sede nicaragüense del INCAE ocurrió el 25 de septiembre de 2023, cuando el Ministerio del Interior canceló la personalidad jurídica de la institución y ordenó el decomiso de todos sus bienes, bajo la justificación de supuestos incumplimientos legales.
Esta medida se enmarca en una ofensiva del régimen sandinista contra centros educativos, organizaciones civiles y ONG desde 2018, en una campaña sistemática de expropiación y cierre.
El campus del INCAE en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, fue en su momento uno de los principales centros de formación empresarial de América Latina.
Fundada en 1964, la sede nicaragüense del INCAE albergaba una escuela de negocios clasificada como una de las más prestigiosas de la región, donde se graduaron más de 4,000 profesionales de distintos países.
En 2019, el mismo campus acogió una mesa de negociación con participación del Vaticano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para buscar una salida a la crisis política que vive Nicaragua desde 2018.
Sin embargo, el régimen desestimó los acuerdos propuestos y las tensiones se intensificaron.
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La ola de confiscaciones educativas: represión y control absoluto
La confiscación del INCAE no es un caso aislado. En los últimos años, el régimen sandinista ha cerrado y confiscado numerosas universidades y centros de educación superior en Nicaragua.
Alguno de ellos son la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Politécnica (Upoli) y la Universidad Hispanoamericana, bajo argumentos similares de supuestos incumplimientos legales.
Estas confiscaciones forman parte de una estrategia del régimen para eliminar cualquier espacio que ofrezca formación independiente o crítica hacia el gobierno.
Las confiscaciones de instituciones educativas han generado un fuerte impacto en el sector académico nicaragüense.
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones académicas han denunciado que estas medidas violan los derechos de estudiantes y profesores, y representan una agresión directa contra el derecho a la educación.
En muchos casos, los estudiantes se han visto obligados a emigrar para continuar sus estudios, mientras que los docentes y el personal administrativo han enfrentado despidos masivos y la amenaza de represalias por parte del régimen.
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Centro oncológico en el campus del INCAE
Según el anuncio del régimen, el nuevo Centro Nacional Oncológico en el ex-campus del INCAE será en cuatro etapas.
En la primera fase, que comenzó este lunes, se realizarán preparativos y adecuaciones para futuras instalaciones.
La segunda fase está programada para marzo de 2025 y se centrará en la ampliación de servicios especializados, todos supuestamente dirigidos a mejorar la atención oncológica en el país.
La tercera fase del proyecto incluirá un servicio de emergencias especializado para casos oncológicos complejos, así como un bloque quirúrgico con seis quirófanos que permitirían realizar más de 3,000 cirugías anuales.
Se prevé una unidad de hospitalización con 200 camas, junto a áreas de terapia intensiva e intermedia.
Finalmente, la cuarta etapa incorporará servicios de medicina nuclear con el respaldo técnico de Rusia, incluyendo la instalación de cinco aceleradores lineales y un citocromo para producir radiofármacos.
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Represión, crisis política y cancelación de derechos
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, cuando el régimen de Ortega lanzó una ofensiva contra manifestantes y activistas, lo que desató una ola de represión sin precedentes en el país.
La situación se intensificó después de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega se declaró reelecto para un quinto mandato sin competencia real, dado que todos sus principales contendientes se encontraban encarcelados o en el exilio tras ser acusados de “traición a la patria”.
Las denuncias sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua han sido constantes, destacándose entre ellas la práctica del régimen de revocar la nacionalidad de opositores y críticos, una medida que priva de derechos básicos a quienes desafían al poder.
Las políticas de represión también han incluido la toma y control de instituciones académicas y culturales que, históricamente, han promovido valores de pensamiento crítico y apertura democrática.
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El INCAE sigue operando desde Costa Rica y Panamá
Tras la confiscación de sus instalaciones en Nicaragua, el INCAE lamentó la medida tomada por el régimen sandinista y anunció que continuaría operando desde su sede en Costa Rica.
En un esfuerzo por mantener su misión educativa y su compromiso con la excelencia en la formación empresarial en la región, también abrió sede en Panamá.
La institución, reconocida en América Latina y a nivel internacional, subrayó su intención de preservar sus estándares de enseñanza a pesar de la ofensiva en su contra.
El régimen de Ortega continúa así con su política de apropiación de bienes, particularmente en el ámbito académico, sin mostrar signos de apertura al diálogo o a la reconciliación nacional.
En lugar de ello, se ha reforzado una dinámica de represión que apunta a erradicar cualquier vestigio de independencia en la educación y la cultura en Nicaragua.
Con la construcción del nuevo centro oncológico en el campus confiscado del INCAE, el régimen sandinista suma otro capítulo a su historial de control y despojo de instituciones críticas para el desarrollo y el progreso del país.