Por Luis Galeano
El amargo reclamo del dictador Daniel Ortega, implorando por la suspensión de las sanciones contra la camarilla de régimen, no sólo no han conmovido a nadie, sino que han intensificado las amenazas y el cerco internacional contra su oprobiosa dictadura.
En las dos comparencias en los últimos dos meses en que salido por breves minutos de su búnker, donde se encierra por largas semanas para protegerse de la pandemia que azota a Nicaragua, Ortega ha clamado por la suspensión de las sanciones.
Sin embargo, sin levantar el estado policial de facto, continuar las sistemáticas violaciones de derechos humanos y despreciar los llamados internacionales a dialogar y poner fin el fin del terrorismo de Estado, los países internacionales han incrementado las presiones y sanciones.
Primer cerco en el BID
Estados Unidos actualmente postula a un candidato propio para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone.
La Casa Blanca impulsa un gesto de fuerte respaldo a las Américas postulando a un candidato de larga trayectoria en Washington, donde ocupó puestos en el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional antes de su llegada a la Casa Blanca como colaborador directo del Presidente.
«Confiamos en que su liderazgo al frente del BID fortalecerá su capacidad para lograr un impacto en el desarrollo de la región», dijo el secretario del Tesoro Steven Munchin en un comunicado que confirmó la candidatura de Claver Carone por un período de cinco años, más la posibilidad de reelegirse en tres ocasiones más.
Su elección complicaría el acceso de la dictadura a los fondos de ese organismo, uno de los pocos en el mundo que ha mantenido, con limitaciones, las puertas abiertas de los financiamientos a Ortega.
Por docena más barato
Pero las acciones contra la dictadura en el mundo, en poco tiempo, son más y en Café con Voz te hacemos una lista de las principales acciones internacionales contra la dictadura sangrienta de los Ortega-Murillo, que buscan asfixiar al régimen.
- El 4 de mayo, la Unión Europea (UE) aprobó sanciones contra seis altos cargos del gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a cuatro figuras clave en la cadena de mando de la Policía Nacional, señalada como principal responsable de la muerte de cientos de personas desde las protestas sociales de 2018. La decisión del Consejo Europeo afecta al director general de la Policía, Francisco Díaz, al subdirector, Ramón Avellán, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y de la cárcel de El Chipote, Luis Pérez, y al jefe de los antimotines, Justo Pastor Urbina, así como a la exministra de Salud, Sonia Castro, y al asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau, considerado un operador de las fuerzas paramilitares.
- El 17 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos aprobó una resolución en la que demandan a las instituciones de su país presionar más económica y políticamente a la dictadura de Ortega y Murillo, por las constantes violaciones de los derechos humanos y corrupción contra el pueblo nicaragüense.
- El 22 de mayo, Estados Unidos sancionó al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo y al ministro de Hacienda, Iván Adolfo Acosta Montalván. Al primero por negarse a desarmar a los paramilitares que masacraron las protestas sociales por órdenes de la dictadura y al segundo por prestarse a los negocios turbios del régimen y permitir la violación de las sanciones ordenadas por Estados Unidos.
- El 16 de junio, autoridades del condado de Miami Dade, Florida, aprobaron una resolución donde solicitan al Departamento de Estado que declare al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el violento partido de la dictadura, como una organización criminal.
- El 16 de junio la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lidera la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, emitió su boletín informativo sobre la situación de Nicaragua que reveló que en plena pandemia que sufre el pueblo de Nicaragua, la dictadura sigue cometiendo atrocidades contra los derechos humanos de los nicaragüenses.
- El día 16 de junio, el informe fiscal de transparencia 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos, aplazó al gobierno de Nicaragua como el único de Centroamérica que no cumple con los requisitos mínimos de transparencia fiscal. El documento publicado por se denomina “Informe Fiscal de Transparencia 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos… y sus indicadores indican que países que no cumplen con estas medidas comprometen seriamente el acceso a ayuda, donaciones, créditos y otros recursos de parte de Estados Unidos y agencias asociadas.
- El 19 de junio, El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó con 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 votos en contra, una resolución que denuncia violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron masivas protestas en contra de dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron masacrar a los protestantes. La resolución extiende el periodo y mandato de observación de Oacnudh sobre el país.
- El 23 de junio la organización Human Right Watch, de amplia credibilidad en los foros de incidencia de Derechos Humanos en América y Europa, emitió un informe donde acusa al régimen de Ortega-Murillo de un mal manejo de la pandemia, negligencia en la protección al personal de salud, criminalidad en la promoción de eventos masivos y persecución al personal médico que cuestiona las pésimas políticas sanitarias durante la pandemia, por lo cual pide un veto para la dictadura a los fondos de ayuda a países que combaten realmente la pandemia.
- El 24 de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua a raíz de los dos años de su instauración, donde reiteran el agravamiento de las condiciones de los derechos humanos en Nicaragua y la radicalización del modelo de estado policial y terrorismo de Estado contra la población nicaragüense.
- El 24 de junio, sesionó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a solicitud del secretario general Luis Almagro, donde se estableció formalmente la petición de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA a la dictadura, para excluirla del foro y de los beneficios financieros y cooperación entre países del hemisferio, por la sistemática violación de los derechos humanos y la ruptura del orden democrático mediante la aplicación feroz de un estado policial.
- El 24 de junio, siguiendo las pautas de la Unión Europea y sus resoluciones de sanciones contra funcionarios de la dictadura de Nicaragua acusados de violación de derechos humanos, el Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió imponer sanciones a seis leales del régimen de Daniel Ortega, quienes ya habían sido castigados por los europeos: contra el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; el operador político de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau; la exministra de Salud, Sonia Castro; y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
- El 25 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos degradó a la administración del régimen Ortega-Murillo en los esfuerzos por combatir la trata de personas como delito del crimen organizado. La degradación al nivel 3, coloca a Nicaragua en la vigilancia de Estados Unidos por incumplimiento de los tratados de lucha internacional contra el crimen organizado y ubica al régimen en camino a nuevas sanciones como las que se han aplicado que han caído en ese nivel de incumplimiento, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán y otros estados africanos.