Para el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, con las reformas a la Ley Electoral y la imposición de nuevos magistrados plegados al sandinismo por parte del régimen Daniel Ortega, harán que la crisis en Nicaragua se profundice.
La aprobación de las reformas a la Ley 331 o Ley Electoral en las que se inhibe a candidatos críticos a Daniel Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral, restringe derechos constitucionales y se convierten en una herramienta para un posible «fraude» a favor de la reelección de Ortega en los comicios de noviembre próximo, sumado a la elección de los siete magistrados propietarios y tres suplentes, entre los que destacan ampliamente los sandinistas y sus aliados, es una clara señal de que no habrán condiciones para la realización de elecciones libres, justas y transparentes a como lo demanda la comunidad nacional e internacional, dijo el martes en Café con Voz el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.
De igual manera, Yader Loza, que forma parte del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), coincidió con Álvarez en aseverar que el mensaje a la comunidad internacional es que no permitirán intervención extranjera en los asuntos internos de Nicaragua.
“Esto es la crónica de un Consejo Supremo Electoral controlado, cuando tenéss a una maquinaria que tiene 70 votos, es imposible tener algo contrario a los intereses de esa bancada, hemos visto la consumación de algo que todo mundo esperaba, aunque no significa que todo está perdido”, dijo Loza.
Según Álvarez, que también forma parte del GPRE, los nuevos magistrados electos por el parlamento sandinista, son militantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejando claro que las elecciones no gozarán de imparcialidad en el conteo de los votos.
Asimismo, Álvarez resaltó que aunque el régimen de Ortega quiera dar una falsa imagen de democracia a la comunidad internacional, los actores externos no se van a dejar llevar por eso.
“Los nuevos magistrados son militantes vinculados, aunque fueron propuestos por otros partidos políticos. En Nicaragua sabemos muy bien que no es imparcial ni independiente el Consejo Supremo Electoral; cuando se nombran magistrados en otros Poderes del Estado y que la Constitución señala que sea de consulta, jamás han puesto atención a los criterios que llevan la sociedad civil, no creo que los diputados vayan a confundir a la población ni a la comunidad internacional”, dijo Álvarez.
Para Loza, la comunidad internacional junto a la nacional deben aumentar la presión y exigencias al régimen de Daniel Ortega para que permita elecciones creíbles.
“Hubo cambios cosméticos, aquí se cambiaron nombres, pero el control sigue al mando del partido de gobierno, no hay voluntad política para que en Nicaragua se realicen comicios bajo estándares internacionales, aquí lo que corresponde es que la comunidad internacional que ha venido demandando magistrados independientes, necesitan duplicar la presión”, mencionó.
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Complicidad de partidos zancudos
En el programa de entrevistas también se analizó el papel que jugó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el indígena Yatama, Alianza Liberal Nicaraguense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Conservador (PC), quienes eligieron a los 10 magistrados a ocupar sus cargos en el Poder Electoral.
El PLC, antiguo aliado del FSLN obtuvo un magistrado suplente dentro del CSE y voto favorablemente para la elección de otros propuestos por partidos colaboracionistas, a pesar de supuestamente haber roto el pacto que mantenía Daniel Ortega con Arnoldo Alemán firmado en 2002, cuando el expresidente del partido rojo fue hallado culpable por los delitos de corrupción y la justicia sandinista le iba a dejar tras las rejas.
“El actuar del Partido Liberal Constitucionalista es desafortunado, debemos de saber un poco la historia que arrastra el PLC, un partido que viene arrastrando esa imagen de pactista, ellos que quieren dar la imagen de un partido renovado, no es posible que estén apoyando y aprobando candidatos promovidos por el gobierno”, mencionó Loza
Para Álvarez, el problema de la oposición de Nicaragua representada en el parlamento sandinista, es que todavía quieren seguir complaciendo al régimen de Ortega para obtener prebendas y cargos políticos.
“Quienes conducen políticamente el país, son personas que han demostrado frivolidad política, el problema de fondo es si estas personas quieren resolver el problema de Nicaragua o quieren seguir fingiendo y jugando a ver quien es el mas hábil”, indicó.
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Unidad opositora y presión internacional pueden hacer retroceder a Ortega
Tanto Loza como Álvarez coincidieron en que la oposición nicaragüense todavía se puede unir para exigir conjuntamente verdaderas condiciones en las elecciones generales de noviembre de este año. Pero para ello, dijeron que es necesario deponer intereses personales.
“Eso solo unidos lo vamos a superar, es el momento que dejen sus egos personales”, mencionó Loza.
Mientras que Álvarez aseguró que lo único que ahora queda es seguir demandando elecciones justas y transparentes, acompañando a la comunidad internacional para develar las intenciones de Ortega y Murillo, quienes pretenden quedarse por mas años al frente del Estado.
“Hemos visto como la comunidad internacional juega un rol importante, pero eso no sustituye en rol que queda en manos de los nicaragüenses, por lo tanto, si Ortega cree que los nicaragüenses vamos a quedar contentos con las elecciones, está rotundamente equivocado, creo que esto que ocurrió es un mensaje a la oposición, realmente tiene que hacer un ajuste, una pausa en el camino, no hay oposición unida, no hay condiciones políticas, la oposición está muy; no todo está perdido pero si no hacen nada, va a ser muy difícil superar esto”, señaló.
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Ortega empuja a profundizar la crisis en Nicaragua
Los ojos de la comunidad internacional apuntando con más sanciones a funcionarios de Daniel Ortega, analizando la continuidad o no de Nicaragua en tratados de libre comercio como el que tiene Centroamérica con la Unión Europea llamado Acuerdo de Asociación (AdA), son parte de las acciones que podrían implementar si el dictador no cede, pues en Estados Unidos se espera en los próximos días la aprobación de la iniciativa de Ley Renacer, propuesta de manera bipartita por republicanos y demócratas, para sancionar a funcionarios nicaragüenses que se opongan a la democratización del país dentro y fuera.
Para Álvarez, si Ortega sigue al frente del poder, la crisis en Nicaragua se profundizará, aislando al país como es el caso de Cuba o Venezuela, que han sido restringidos del comercio con Estados Unidos.
“La crisis se va a profundizar, hay que reconocer que esta es una decisión desagradable, funesta, no todo está perdido, a lo mejor esta es la manera de que Ortega busca un punto de contacto y que le suavicen las sanciones”, sostuvo.
OEA no avalará reformas de Ortega
Durante sus intervenciones en el Parlamento, los diputados sandinistas Wálmaro Gutiérrez y Edwin Castro, dijeron que las reformas electorales aprobadas por el parlamento controlado por el sandinismo, gozan de la asesoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, por medio del memorándum de entendimiento firmado en 2017 por Daniel Ortega y Luis Almagro, iban a dar credibilidad al proceso electoral en el país.
Sin embargo, Álvarez refutó ese argumento, debido a que no cree que la OEA avale que no hayan reclamos a los resultados que arroje el órgano electoral y que sea la sancionada policía sandinista la que permita el proselitismo político.
“Es falso que en las reformas hayan puntos acordados en el memorándum de entendimiento con la OEA, todos los puntos que se aprobaron van en detrimento. Si el diputado Gutiérrez enseñara en el documento entre el gobierno y la OEA que la policía va a dar permisos de mitines políticos, dejaría de hablar del tema, si se encuentra en el memorándum de entendimiento que no se pueda impugnar los resultados, lo dejo de hablar; lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional, es una condición de ventaja insuperable a favor de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, indicó el jurista.
“He visto que la OEA trabaja en la democratización del país y en la búsqueda de justicia, no me cabe la menor duda es que a partir de este momento la OEA tendrá que asumir sus obligaciones que la Carta Interamericana le exigen, muy pronto vamos a ver al Secretario General pronunciarse”, finalizó.