Tras una ola de rechazo por organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, luego de conocerse las condiciones inhumanas y torturas psicológicas a las que autoridades someten a presos políticos, secuestrados desde mayo 2021, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet, denunció el creciente cerco de las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del siete de noviembre.
Bachelet señaló, que los nicaragüenses tienen derecho a participar en las campañas electorales, a presentar candidatos y que los medios deben cubrir el proceso, sin embargo, “nada de esto está ocurriendo”, declarando en su informe actualizado, que desde mayo se han cancelado partidos políticos, invalidado candidaturas y que al menos han ocurrido, 36 detenciones arbitrarias.
Según la agencia internacional de noticias EFE, la alta comisionada indicó, que a los 20 detenidos en relación con los comicios que ya denunció en junio, se han sumado otros 16 “incluyendo políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos u estudiantiles”.
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“La mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias”, citó la agencia.
La diplomática señaló que, de estos, siete personas habían manifestado sus aspiraciones para participar como candidatos a la presidencia de la república y recordó la cancelación de tres partidos políticos, el último de ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), el pasado mes de agosto.
Bachelet destaca ataques a la prensa independiente
Por otro lado, la ex presidenta chilena, expuso que se han intensificado los ataques contra la libertad de expresión, enfatizando el hecho del pasado 12 de agosto, cuando el diario La Prensa anunció el cese de su edición impresa, debido a la retención de papel impuesta por el régimen de Ortega a través de las autoridades aduaneras.
Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público, allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente arrestaron a su gerente general” denunció ante el Consejo de Derechos Humanos.
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En este contexto, Bachelet urgió al régimen dictatorial de Ortega, el cese de la persecución contra la oposición, la sociedad civil y la prensa independiente, al igual que liberar sin condición a más de 130 presos políticos, que permanecen secuestrados en las mazmorras del régimen desde el 2018.
Masacre indígena sigue impune
Así mismo, la representante destacó la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro entre el 28 de julio y el seis de agosto, el aumento de peticiones de refugio en Costa Rica y la masacre de indígenas en la costa caribe, donde conocieron que al menos nueve lideres comunitarios habían denunciado las amenazas por parte de colonos.
La oficina recibió informe en que el 28 de agosto, al menos nueve personas indígenas habían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con la disputa sobre tierras (…) lideres indígenas habían denunciado a la policía las amenazas 10 días antes solicitando su intervención, recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registradas desde enero 2020, permanecen impunes» agregó Bachelet.
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