La organización autodenominada “Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde”, se pronunció denunciando que la dictadura sandinista mantiene más de 100 secuestrados políticos y aseguró que realiza gestiones ante la comunidad internacional para su liberación.
“Estamos trabajando con la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y con la OEA, que todavía está activa. Lo que se puede hacer es seguir haciendo la incidencia y seguimos reflexionando para crear métodos, porque como Ortega cambia, así nos ajustamos para buscar como ayudar para que salgan los presos políticos”, dijo Rosalía Miller en una conferencia de prensa.
Añadió que la expulsión de los 222 “es una buena lección para seguir trabajándolo y ajustándonos a la maldad del régimen de Daniel Ortega”, refiriéndose a que la incidencia internacional surtió efectos.
Juan Diego Barberena, integrante de la organización, se refirió a los misioneros de la organización evangélica “Puerta de la Montaña”, asegurando que no son incluidos en las listas de presos políticos puesto que no se ha logrado comunicación con los familiares.
“Los misioneros de Puerta de la Montaña, no están reconocidas en los listados como presos políticos porque no hay una autorización de los familiares hasta el momento. Esto no quiere decir que no existan motivaciones políticas. Este hecho forma parte de la persecución religiosa que la dictadura continúa realizando en el país, que no solamente se limita a la Iglesia Católica”, dijo Barberena.
No hay humo blanco de encuentros con organizaciones
Barberena señaló que continúan los acercamientos con otras organizaciones, pero no detalló cuáles son y los pasos posteriores a los acercamientos.
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“Parte de nuestro trabajo está siendo configurar propuestas políticas que diseñen rutas de salida distintas a la realidad que la dictadura está imponiendo con la vigilancia y la represión. Estamos trabajando en una serie de propuestas. Es parte del principal reto de esta organización: convertirse en una alternativa política para los nicaragüenses”, señaló Barberena.
Además, expresó que la incidencia internacional ha provocado que se implementen sanciones a la dictadura desde 2018.
“Todas las sanciones tienen un efecto importante y todas están encaminadas a la democratización de Nicaragua, independientemente si es una cancelación de visas. Creemos que las sanciones económicas deben seguir con todas las instituciones y entes y que apunten a quebrar el sistema represivo del Estado. Eso es parte del trabajo de incidencia internacional que esta concertación está apostando”, dijo.