La embajada de Nicaragua en Panamá suspendió sus servicios consulares luego de haber otorgado asilo al ex mandatario panameño, Ricardo Martinelli, elevando las tensiones entre ambos países.

A la sede diplomática nicaragüense, desde que el expresidente Ricardo Martinelli se asiló en estas instalaciones, entran y salen familiares, abogados, amigos; hasta trabajadores para hacer una serie de remodelaciones, pero, los propios nicaragüenses que necesitan hacer trámites tienen que retirarse con las manos vacías y la incertidumbre de qué pasará con su estatus legal en Panamá.

Medios locales han reportado que los nicaragüenses en Panamá no han podido realizar sus trámites para renovación de carnés, pasaportes, entre otros procedimientos.

Nicaragua viola la convención de Viena

El artículo tres de la convención de Viena, de la que Nicaragua es suscriptora, establece que las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:

a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

“La embajada estaría incumpliendo y podría tener represalias por parte de Panamá, que podría expulsar diplomáticos nicaragüenses o reducir las relaciones diplomáticas con Nicaragua”, señaló el activista Enrique Martínez

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Además, destacó que la ciudadanía nicaragüense en Panamá podría incurrir en presiones ante las autoridades de ese país por no brindar atención y cumplir con sus funciones.

“Prácticamente Nicaragua está cerrando las puertas para instrumentalizar ese espacio que le pertenece al pueblo de Nicaragua para proteger a un condenado por corrupción que hace campaña política”, señaló Martínez.

Régimen se metió en “un berenjenal”

A criterio de José Dávila, ex embajador de Nicaragua en Alemania, la dictadura arrastró al país a un camino que podría desembocar en una crisis diplomática con Panamá.

“Nicaragua no tiene una política exterior basada en el interés y aspiraciones de los nicaragüenses, sino que está sobre sus intereses políticas. La situación es delicada porque la embajada de Nicaragua nunca debió abrir las puertas a Martinelli porque no es un perseguido político y le dieron el asilo sin merecerlo. Martinelli es un delincuente de cuello blanco”, afirmó Dávila.

El gobierno de Panamá rechazó el pasado 9 de febrero una solicitud de salvoconducto para la salida del territorio al expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, quien pretendía exiliarse en Nicaragua, luego de haber solicitado asilo político.

Martinelli, quien se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá alegando razones políticas y una supuesta persecución en su contra, buscaba viajar a Managua, según una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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“La solicitud de salvoconducto para la salida de la República de Panamá del señor Ricardo Martinelli, ha sido denegada en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933”, reza el comunicado del gobierno de Panamá.

El comunicado de Relaciones Exteriores de Panamá también hizo un recordatorio a la embajada de Nicaragua de “garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve sus funciones que está llamada a cumplir”.

En la página web de la Embajada de Nicaragua, no existe ningún anuncio sobre esta situación, al contrario, señalan que los trámites para registros notariales, legalización de documentos, emisión de pasaportes o salvoconductos se realizan de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 5:00 pm.

Orden de captura a Martinelli

La decisión, que fue tomada por la jueza Baloísa Marquínez, analizó «la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte», dijo en un comunicado el Órgano Judicial (OJ) de Panamá.

«Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad», precisó el OJ. 

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