El Embajador Itinerante de los Estados Unidos para Asuntos de Libertad Religiosa Internacional desde 2022, Rashad Hussain denunció en un artículo de opinión las acciones de la dictadura sandinista contra la Iglesia Católica, especialmente en el caso de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Rashad Hussain
Publicado originalmente en El País de España
Para el Obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, Nicaragua, el año nuevo marca 500 días de su detención y encarcelamiento por parte del presidente Daniel Ortega y su esposa, y vicepresidenta, Rosario Murillo. Durante 500 días, el obispo ha permanecido aislado del mundo, privado de contacto regular con su familia y alejado de los católicos de Matagalpa que lo ven como su líder espiritual.
El obispo Álvarez fue encarcelado por ser un líder cristiano que promueve los derechos humanos y la democracia, ideales enraizados en sus valores cristianos. Álvarez es quizás la víctima más prominente de los ataques sistemáticos, flagrantes y continuos de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la libertad religiosa de los nicaragüenses. A pesar de que Álvarez permanece aislado, no es el único que sufre la opresión de Ortega y Murillo. Aproximadamente uno de cada 10 sacerdotes católicos nicaragüenses viven hoy en el exilio. Y el mes pasado, el Gobierno injustamente detuvo al Obispo Isidoro Mora de la diócesis de Siuna y emprendió una serie de detenciones y acosos contra sacerdotes.
Con Ortega y Murillo, el pueblo de Nicaragua está sometido a restricciones tan extremas en la práctica de sus creencias religiosas que el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, señaló a Nicaragua como país de especial preocupación, una categoría reservada para quienes cometen violaciones particularmente graves contra la libertad religiosa. La mano dura del Estado se extiende más allá de la Iglesia Católica.
Las vibrantes comunidades evangélicas de Nicaragua han enfrentado la ira de manera similar. Las leyes profundamente restrictivas de Ortega, junto con el uso generalizado de la supervisión regulatoria como arma, han llevado a la expropiación y cierre de universidades y escuelas, organizaciones de caridad y otras instituciones. Muchas organizaciones e iglesias ―católicas y evangélicas― han sucumbido silenciosamente a lo inevitable, aceptando una forzada disolución “voluntaria” frente al constante acoso gubernamental.
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Los Estados Unidos se comprometen a hacer todo lo posible por apoyar a los nicaragüenses en su intento por recuperar la protección de, y respeto por, sus derechos humanos y libertades fundamentales, y reafirmar su democracia. Nicaragua continúa siendo una sociedad de comunidades de fe activas y comprometidas. Los nicaragüenses merecen el pleno restablecimiento de sus libertades y el obispo Álvarez merece la oportunidad de regresar a su ministerio.
La relación entre libertad religiosa y democracia va en ambas direcciones. Las instituciones democráticas florecen en sociedades pluralistas, diversas, tolerantes con un respeto fundamental por los derechos humanos. Sabemos que la democracia crea las condiciones políticas y sociales para que la gente de diversas religiones y creencias puedan convivir en paz.
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Como paso para lograr sus obligaciones con los derechos humanos, las autoridades nicaragüenses deberían permitir que un individuo o una organización con credibilidad e independencia visite al obispo Álvarez, sin la presencia de sus carceleros, para hacer una valoración de su salud física y estado mental. Las autoridades nicaragüenses deberían posteriormente planear su pronta liberación de la cárcel La Modelo de Managua, sin condiciones.
Empezamos el nuevo año con la esperanza de que pronto traerá un nuevo día de libertad al obispo Álvarez, a otros presos políticos y al pueblo nicaragüense. Y no dejaremos de trabajar con todos aquellos que apoyan la libertad religiosa hasta hacer realidad el futuro que merecen.