El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala concluyó el proceso electoral y oficializó los resultados de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2023, según informó en un comunicado. El TSE declaró legalmente electo, como presidente de Guatemala, a Bernardo Arévalo y, como vicepresidenta, a Karin Herrera.

Los resultados se validaron “luego de completar las fases establecidas” en el calendario electoral, se agrega en el texto oficial.

Los resultados de las elecciones del 25 de junio y de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto quedaron reafirmados en los decretos correspondientes, “siendo inalterables, garantizando así, la alternancia en el poder y fortaleciendo el régimen democrático del país”, enfatizó el documento.

En balotaje, el partido Movimiento Semilla obtuvo el 60,91% de los votos válidos, mientras que el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, de Sandra Torres, obtuvo el 39,09% de los votos válidos, según el acuerdo firmado por los magistrados difundido el 28 de agosto.

La personería Jurídica del Partido Movimiento Semilla, del candidato ganador, había sido suspendida por una decisión del Registro de Ciudadanos, una dependencia del TSE, el 27 de agosto. En ese momento los magistrados del TSE argumentaron que no se podía cancelar la personalidad jurídica porque el proceso electoral aún estaba vigente hasta el 31 de octubre.

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AMLO defiende a Arévalo

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes que “dejen gobernar” a Bernardo Arévalo, presidente electo del vecino Guatemala, donde su investidura está en riesgo en medio de la crisis política del país.

“Ojalá y se logre una reconciliación y, si existen diferencias, que se diriman, que se resuelvan de manera pacífica, que dejen a Bernardo gobernar, va a hacer cosas muy buenas en beneficio del pueblo”, respondió el gobernante mexicano a un periodista guatemalteco durante su rueda de prensa diaria.

Las palabras de López Obrador ocurren en medio de la crisis política que vive Guatemala desde julio, cuando el Ministerio Público empezó a interferir en los resultados de los comicios y decomisó cajas con votos, pese a que la ley guatemalteca no lo permite.

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