Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Tim Kain, presentaron una legislación bipartidista que extendería la autoridad del gobierno de EE.UU. para que por medio de la Ley Nica Act, pueda continuar imponiendo sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028.

El proyecto de ley también ampliará las sanciones para incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los DD.HH. de los creyentes religiosos. La ley también instruye al Departamento de Estado a implementar sanciones sectoriales y ordena al Departamento de Estado a que trabaje con aliados y socios para dejar de proporcionar inversiones a Nicaragua a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto de ley se basa en la ley NICA Act del 2018 y la ley RENACER del 2021 que autorizan sanciones y otras presiones internacionales en contra de la dictadura criminal y opresiva de Ortega-Murillo.

Tras la ola de violencia, represión, arrestos arbitrarios y exilios forzosos por parte de Ortega y Murillo después de las elecciones falsas de 2022, EE.UU. debe desarrollar un plan cohesivo para abordar la naturaleza criminal del régimen Ortega-Murillo.

“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo, de socavar por completo el proceso de elección presidencial, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia Católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, dijo Rubio.

“La política de EE.UU. hacia Nicaragua ya no debe ser la misma, debemos implementar políticas que respondan a la realidad actual”, añadió el senador republicano.EE.UU mantendrá sanciones contra régimen de Ortega

Las nefastas consecuencias más allá de Nicaragua

Por su lado el senador Kaine, dijo que el deterioro de la democracia en Nicaragua bajo el régimen de Ortega conduce a la migración irregular y perjudica la estabilidad del hemisferio y que por eso es importante extender el plazo de vigencia de la Nica Act.

“Este proyecto de ley aborda la corrupción y los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega al imponer sanciones más fuertes a los individuos e instituciones que le han puesto mano dura a organizaciones de la sociedad civil, que hacen de la Iglesia Católica un blanco, y que silencian a los nicaragüenses que han se han expresado en contra de estos abusos, incluyendo a individuos como el Obispo Rolando Álvarez, quien fue privado de su ciudadanía nicaragüense, sentenciado a 26 años en cárcel, y marcado por el régimen de Ortega como ‘traidor a la patria’ por criticar justamente las medidas severas del régimen”, indicó el senador Kaine.

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