La última jueza que huyó de Nicaragua, era consentida de Marvin Aguilar

La jueza María Concepción Ugarte, fue una “fanática sandinista”, cuya palanca en el Poder Judicial es el magistrado leal a la dictadura, Marvin Aguilar, quien es “el más poderoso” en la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2018, a criterio del abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial.

La judicial abandonó Nicaragua por un punto ciego, según confirmó el abogado Pablo Cuevas al Diario La Prensa y “tomó un avión en un país vecino”, sin precisar si era Honduras o Costa Rica, “y llegó a Estados Unidos vía aérea”.

Según Morazán, la judicial ingresó al Poder Judicial en 1997, como asistente del magistrado Marvin Aguilar. Posteriormente fungió como Oficial de Planificación y tras año y medio de capacitación, en 1998 pasó a ser simplificadora de trámites, “haciendo una especialización” en esa materia.

Tiempo después fungió como asesora de la Inspectoría Judicial de la Corte Suprema, cargo que desempeñó por cinco años (Esta inspectoría siempre ha estado a cargo de Marvin Aguilar y es donde sancionan y destituyen a jueces y magistrados)

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En el 2003 fue nombrada jueza de Audiencia  Penal. Morazán explica que estos juzgados no hacen valoraciones de fondo, sino de forma. 

“Es decir, revisan el cumplimiento de requisitos de las solicitudes presentadas por la Policía (convalidación de allanamientos por ejemplo) y el Ministerio Público”, precisa.

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En el 2012 fue nombrada Jueza de Distrito Penal de Juicio. En el 2014, fue nombrada jueza  Noveno de Distrito de Familia de Managua.

En el 2017 fue nombrada Jueza Sexto de Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, cargo que dejó abandonado, para huir por veredas.

Jueces “no persiguen delitos”

El exfuncionario judicial consideró erradas las acusaciones de “cómplice” a Ugarte, ya que expresó que “los jueces no persiguen delitos”.

“Dicho juzgado no determina culpabilidades ni conoce el fondo de un caso, sino que se encarga de cumplir las condenas firmes impuestas en otros tribunales. No obstante, en dichos juzgados se legalizan las órdenes de libertades de facto que emite el régimen sin proceso legal alguno”, señala Morazán.

“Por la naturaleza de su cargo, los jueces no persiguen delitos. Ellos conocen y resuelven los que les llevan servido a la mesa. Hay que diferenciar entre las atribuciones, discrecionalidad que les da la ley y actuar en contra de norma expresa (acá está el meollo del asunto)”, añadió.

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