Fallo administrativo expone difamación de Almagro contra Paulo Abrao

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, difamó al exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, de acuerdo con un fallo administrativo, que deja entrever los manejos internos del organismo con sede en Washington.

La decisión emitida el lunes por el máximo órgano de revisión de la OEA, tiene su origen en el intento de Almagro de impedir la recontratación de Paulo Abrao como director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020.

Es la segunda resolución administrativa que cuestiona el liderazgo de Almagro en los últimos meses, luego de las acusaciones de que el diplomático uruguayo violó el código de ética de la OEA cuando mantuvo una relación romántica con una empleada mucho más joven.

A principios de 2020, los comisionados apoyaron unánimemente renovar el contrato por cuatro años de Abrao como director de la CIDH, un órgano independiente de la OEA, encargado de investigar los abusos de los gobiernos de la región.

Pero su decisión fue bloqueada por Almagro, quien casi nueve meses después dijo que no podía dar su visto bueno al nombramiento de alguien responsable de fomentar un entorno laboral marcado por decenas de denuncias de favoritismo, conflictos de intereses e impunidad para los empleados acusados de acoso sexual.

“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos”, señaló en ese entonces, insistiendo que no tenía ningún interés en elegir al director de la comisión, sino que defendía a los funcionarios. “Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo”, añadió.

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El tribunal administrativo identificó en su decisión de 81 páginas, numerosos ejemplos de lo que describió como una “desconcertante” violación al derecho de Abrao al debido proceso, impulsada por Almagro y por la defensora de los derechos humanos de la OEA, Neida Pérez.

El 10 de agosto de 2020, días antes de que terminara el contrato del entonces secretario de la CIDH, Pérez envió a Almagro, a Abrao y a la comisión un informe sin fecha en el que se detallaban las quejas sobre el entorno laboral. En el reporte, recomendó que se adoptaran acciones urgentes para mitigar los problemas existentes, aunque no instaba a la adopción de medidas disciplinarias, tal y como exige su función de árbitro imparcial en los conflictos laborales.

Pero cuatro días después, en un correo electrónico enviado únicamente a Almagro, Pérez recomendó que no se renovara el contrato de Abrao, algo que la mayoría del panel consideró que planteaba sospechas y «refleja una lamentable falta de transparencia, trato justo y manejo ordenado de las comunicaciones oficiales con funcionarios de alto rango de la OEA”.

Los jueces también señalaron que encontraron pruebas de que las 61 quejas que Almagro citó como base para destituir a Abrao, pueden no haber existido como se describen y pueden haber consistido sólo en “visitas” a la oficina de la defensora de derechos humanos que implicaban objeciones contra varios empleados, no sólo contra Abrao. En cualquier caso, nunca se inició una investigación formal y Abrao no tuvo la oportunidad de defenderse antes de ser cesado.

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Para compensar los daños morales, profesionales y personales, el tribunal ordenó a la OEA que proporcionara a Abrao 12 meses de salarios caídos. También ordenó a Almagro que firmara una carta de verificación de empleo en la que se declarara que Abrao no estaba sometido a ninguna investigación disciplinaria cuando su contrato expiró.

“Me vi dramáticamente afectado por estas irregularidades, y la sentencia no me satisface del todo, ni material ni jurídicamente”, señaló Abrao en un comunicado enviado a The Associated Press. «Pero revela una falta de rendición de cuentas por parte de la OEA que seguramente los Estados —como financiadores— y la sociedad civil deben examinar con diligencia”.

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La OEA dijo que el secretario general siempre cumple con los fallos y las recomendaciones del tribunal. Pero señaló que el tribunal desestimó una de las reclamaciones de Abrao: que su contrato fue rescindido ilegalmente por el secretario general, y consideró en cambio que había expirado.

Es el segundo fallo en mismo número de meses que cuestiona el manejo de Almagro a asuntos de personal.

En agosto, el tribunal criticó al secretario general por despedir a un veterano directivo estadounidense, Stephen Griner, al que un diplomático nombrado por Trump culpó de haber orquestado supuestamente una campaña de rumores sobre la política de Estados Unidos hacia Honduras. El tribunal reincorporó a Griner y culpó a Almagro por secundar un desacreditado informe del inspector general basado en lo que llamó una “flagrante falsedad.”

El mismo inspector general que investigó a Griner está dirigiendo ahora una investigación interna contra Almagro por las acusaciones de que mantuvo una relación íntima con una empleada que podría haber violado el código de ética de la organización.

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